Defensoría dice que Estado ejecuta acciones insuficientes que garantice derechos de personas con discapacidad
El 03 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, designado así por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas con la intención de reflexionar en torno a las condiciones de vida y los derechos de esta población.
Costa Rica aún mantiene una deuda con la población con discapacidad. La Defensoría ha evidenciado que el entorno –incluido el espacio físico, las comunicaciones y la información, entre otros- está diseñado y construido sin contemplar las necesidades específicas de las personas con discapacidad, de ahí que se requieren cambios en el mismo para garantizar la accesibilidad de estas personas. Pese a los esfuerzos realizados por algunas municipalidades, persiste la falta de aceras accesibles o en mal estado, sobre todo en espacios semiurbanos, lo cual genera barreras para la circulación autónoma de las personas con discapacidad.
Otra modalidad persistente de discriminación que enfrentan estas personas, está en las dificultades de acceso al transporte público, sea por incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la Ley N°7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, o bien, por casos donde la persona encargada de la unidad no habilita la rampa para el abordaje del usuario(a).
Adicionalmente la Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio, con base en el artículo 24 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el propósito de verificar el cumplimiento para que las y los estudiantes no queden excluidos, por motivos de discapacidad, del sistema general de educación gratuita y obligatoria.
Además, se quiere comprobar las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad en cuanto a planta física, la adecuación de los planes de estudio, los materiales didácticos, los métodos de enseñanza, y los servicios de evaluación. Se pretende verificar los ajustes de necesidades individuales de cada estudiante, la disponibilidad de los apoyos que se requieran en forma personalizada y el acceso al aprendizaje de habilidades para la vida y desarrollo social. Además, se valorará la calidad de la formación del personal docente y su adscripción a la filosofía sobre inclusividad en la educación. Con esta investigación no solo se pretende identificar las fortalezas y debilidades del sistema educativo público en la materia, sino promover la adopción de medidas que mejoren el servicio educativo para la población estudiantil con necesidades especiales.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) debe garantizar dicha inclusividad a estudiantes con y sin discapacidad, en un mismo ambiente con los apoyos requeridos y con una oferta que se adapte a las necesidades de cada uno de ellos y ellas.
Al respecto, el MEP presentó las Líneas de acción para los Servicios de Apoyo Educativo (2018), en las cuales se establecen una serie de prácticas basadas en el rol de apoyo del personal docente, que deben ser incluidas o abandonadas según la respectiva necesidad especial.
Por otro lado el Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, adscrito a la Defensoría, realiza mensualmente un boletín informativo donde se dan a conocer las medidas emprendidas en aras del respeto a los derechos de esta población. El mismo puede ser localizado en el sitio web de la Defensoría www.dhr.go.cr
Asimismo, la Defensoría de los Habitantes ha tramitado denuncias por violación de los derechos por motivo de discapacidad durante el presente año.
La primera causa de presentación de estas denuncias es la restricción o impedimento al acceso a la seguridad social. En esta categoría se encuentran básicamente incluidas las denuncias por dilación en el trámite de pensiones del Régimen No Contributivo por invalidez. Lo anterior evidencia que el nivel de pobreza en las personas con discapacidad es mayor que el resto de la población, lo que nos debe llevar como país a tomar medidas para mejorar los programas de colocación laboral de las personas con discapacidad.
Las acciones desplegadas por la Defensoría de los Habitantes durante año, también abarcan la evacuación de criterio de proyecto de ley relacionados con el tema de la discapacidad, que solicita diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa como Proyecto de Ley N° 20.840 denominado “Adición de un Capítulo de Acceso a la Justicia a la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades Para Personas” y del al Proyecto N° 21096 “Derogatoria del Artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica del 25 de abril del 2014”, entre otras acciones.
Fuente: Oficina de Prensa Defensoría de los Habitantes
