Fiscalía desarticula grupo que operaba en Cooperativa para crear créditos ficticios
Autoridades estiman que las estafas ascienden a un monto de 7 millones de dólares.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes realizó 10 allanamientos como parte de una investigación por los presuntos delitos de estafa mayor y legitimación de capitales, cometidos, aparentemente, por empleados de la cooperativa Cooapezalea.
Fiscalía desarticula grupo que operaba en Cooperativa para crear créditos ficticios
Según la investigación del OIJ en 2014 la Cooperativa A (nombre ficticio) que se utilizó como plataforma para las presuntas estafas se financió por medio de fideicomisos de dos empresas de capital colombiano, a través de una entidad bancaria que funcionó como fideicomitente.
Se realizaron giros a la cooperativa sospechosa los cuales eran justificados como préstamos a empleados públicos, siendo que ya para 2020 se habían girado alrededor de 7 millones de dólares en supuestos préstamos.
Para ese tiempo, el banco fideicomitente remató la cartera de clientes y lo adquirió otra cooperativa costarricense que denominaremos Cooperativa B, siendo que, luego de adquirir la cartera de clientes e iniciar los cobros correspondientes por los supuestos préstamos a los empleados públicos, muchos de estos últimos advirtieron que no habían adquirido ningún préstamo, por lo que inició la investigación para determinar el fraude realizado por la Cooperativa A.
La Cooperativa B aparentemente devolvió parte del dinero a las personas afectadas, sin embargo, según la investigación otras 317 personas resultaron afectadas.
Se concluyó que, al parecer, antes de que la Cooperativa A cerrara, se crearon una Cooperativa C y otra Cooperativa D para pasar parte de los fondos defraudados. Aparentemente, dentro de las Juntas Directivas de las cooperativas sospechosas, se mantuvieron familiares de los líderes hoy detenidos.
Los allanamientos se llevaron a cabo en Santo Domingo de Heredia, Alajuela y San José, a las casas de los presuntos cabecillas, así como de sus familiares, además de las oficinas de las presuntas cooperativas sospechosas, y el banco que participó como fideicomitente.
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Se ha decomisado documentación importante que podría evidenciar las estafas a funcionarios públicos con los supuestos préstamos realizados sin la autorización de los mismos, así como otros indicios importantes para el caso.
Tres personas imputadas fueron detenidas esta mañana. Se trata de Ovares y Fernández, quienes ocuparon cargos en las gerencias general y financiera, respectivamente, mientras la cooperativa permaneció activa y una tercera persona de apellido Guzmán. Ellos serán presentados a la fiscalía para tomarles la declaración indagatoria.
Hasta este momento, la fiscalía ha recibido 366 denuncias de funcionarios públicos afectados, así como dos empresas inversionistas. Preliminarmente, el perjuicio económico se ha establecido en más de 3 mil millones de colones.
El caso se investiga bajo el expediente 20-000360-1220-PE.
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