ANEP lleva a la Sala IV recortes al Poder Judicial
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra los recortes, congelamientos y condicionamientos aplicados o planteados al presupuesto del Poder Judicial.
ANEP lleva a la Sala IV recortes al Poder Judicial
La organización solicita suspender las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda y ordenar la restitución de los recursos. Alega que estas decisiones podrían afectar la independencia judicial, la atención de víctimas, la investigación de delitos y el combate contra el crimen organizado.
OIJ sería el más afectado
Según el recurso, Hacienda aplicó para 2026 un “ajuste técnico complementario” por ₡23.721 millones sobre un presupuesto que ya había sido aprobado y se encontraba en ejecución.
La ANEP asegura que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiría el mayor impacto, con una rebaja aproximada de ₡9.536 millones, equivalente al 40,2% del ajuste.
También se verían afectados el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Servicio Jurisdiccional, la Atención y Protección de Víctimas y Testigos, así como otras dependencias judiciales.
La organización agrega que permanecen bloqueados ₡8.688 millones aprobados para reforzar al OIJ y al Ministerio Público. De acuerdo con sus cálculos, las distintas medidas representarían una afectación cercana a los ₡35.330 millones durante 2026.
Preocupación por presupuesto de 2027
El recurso también cuestiona la propuesta presupuestaria para 2027, que reduciría los recursos del Poder Judicial de ₡541 mil millones a cerca de ₡530 mil millones.
Además, advierte sobre la posibilidad de congelar otros ₡30 mil millones mediante normas de ejecución presupuestaria.
La ANEP pide como medida cautelar suspender el ajuste aplicado en 2026, liberar los recursos destinados al OIJ y al Ministerio Público y evitar el congelamiento planteado para 2027, mientras la Sala Constitucional resuelve el recurso.
La organización sostiene que estas medidas podrían limitar la capacidad del sistema judicial para investigar delitos, atender a las víctimas y garantizar una justicia pronta y cumplida.
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