Estado de la Nación alerta sobre la expansión del crimen organizado y el riesgo de infiltración en la economía legal
El Informe Estado de la Nación 2026 advierte que las estructuras criminales se han extendido a más cantones y han diversificado sus actividades. El capítulo denomina este fenómeno la “economía del crimen” y lo describe como un conjunto de mercados, flujos financieros y demanda de trabajo propios que, además, se relacionan con la economía legal.
El término “tercera economía” distingue este fenómeno de la economía doméstica y la orientada al sector externo. No es un ranking ni una estimación del tamaño total de la actividad criminal dentro del producto interno bruto (PIB).
Más organizaciones registradas en más cantones
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) citados en el Informe, las organizaciones criminales desarticuladas con investigaciones finalizadas pasaron de 20, con presencia en 17 cantones en 2020, a 48, presentes en 37 cantones en 2025.
Estas cifras no son un conteo de todas las estructuras criminales activas. El mapa del Informe excluye a las organizaciones registradas con ámbito de operación nacional: cinco en 2020 y siete en 2025.
El capítulo también reporta que las denuncias por venta de drogas aumentaron un 18% entre 2024 y 2025, de 1.211 a 1.427. Las denuncias por delitos informáticos se multiplicaron por seis entre 2019 y 2025; en 2025, cerca del 77% correspondió a estafas informáticas.
El Informe utiliza estos datos como indicadores de distintas manifestaciones del fenómeno. Aclara que no constituyen una medición exhaustiva de toda la actividad criminal; además, las denuncias pueden no reflejar todos los delitos ocurridos.

Riesgos para la economía legal
El documento advierte sobre el riesgo de que capitales ilícitos se introduzcan en actividades legales para legitimar ganancias. Entre los sectores que menciona en sus evaluaciones de riesgo están el comercio, el transporte y almacenamiento, los servicios financieros, la construcción, las actividades inmobiliarias y el turismo. Esto no significa que todas las empresas o personas que trabajan en esos sectores estén vinculadas con delitos.
El Informe cita una estimación de CATRADE (CAtrade Consulting Group) es una empresa consultora centroamericana especializada en comercio exterior), según la cual el comercio ilícito de mercancías y servicios equivalió al 3,5% del PIB en 2022. Esa cifra corresponde al comercio ilícito; no mide el tamaño total de la economía del crimen.
Empleo y homicidios: asociaciones distintas según la actividad
El Informe incluye un análisis exploratorio de la relación entre el empleo formal e informal en cinco actividades económicas y los homicidios registrados en los cantones. Compara los períodos 2019-2022 y 2023-2025 para observar posibles cambios después del aumento de la violencia ocurrido en 2023.
Los resultados varían según la actividad. En alojamiento y servicios de comida, tanto el empleo formal como el informal mostraron asociaciones positivas con los homicidios. En construcción, la asociación positiva se observó en el empleo informal; y en transporte y almacenamiento, en el formal. En actividades financieras y de seguros, el empleo informal se asoció positivamente con los homicidios, mientras que el formal mostró una asociación negativa.
Al comparar ambos períodos, el Informe señala que varios patrones se mantienen y que las asociaciones de mayor magnitud aparecen después de 2023. Por ejemplo, la asociación entre empleo informal y homicidios en actividades financieras se observa únicamente en 2023-2025.
El análisis identifica correlaciones, no causas. El propio Informe advierte que estos resultados no demuestran que las empresas o las personas trabajadoras de esos sectores participen en actividades criminales; son indicios exploratorios que requieren más investigación.

Vacíos de información y coordinación
Entre las dificultades para combatir estas actividades, el capítulo señala la falta de información sistemática, problemas de coordinación institucional y limitaciones en las capacidades de control. Estas carencias dificultan seguir los flujos ilícitos y comprender cómo se conectan con la economía legal.
El Informe también precisa que algunos de sus análisis son exploratorios. Por ejemplo, el estudio sobre empleo y criminalidad compara indicadores como homicidios y denuncias por venta de drogas, pero no establece que exista una relación causal. Sus resultados tampoco permiten afirmar que empresas o personas trabajadoras de los sectores analizados participen en actividades criminales. Fuente: Programa Estado de la Nación.





