AyA explica eliminación de plaza de Óscar Izquierdo
La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Lourdes Sáurez, afirmó que la salida de Óscar Izquierdo no corresponde a un despido, sino a la eliminación de una plaza que, según determinó la institución, fue creada de forma irregular y no era necesaria para la estructura operativa.
AyA explica eliminación de plaza de Óscar Izquierdo
De acuerdo con Sáurez, Izquierdo ingresó al AyA en mayo de 2010, durante la transición del gobierno de Óscar Arias al de Laura Chinchilla, como jefe de despacho, incorporado por el entonces jerarca Ricardo Sancho. Posteriormente, se creó para él el puesto de “director experto de cooperación internacional”.
La jerarca señaló que esa plaza se originó mediante la reasignación de un puesto de capital humano hacia una categoría superior y que, tras una revisión interna, no se encontraron concursos, ternas ni evaluaciones técnicas o psicológicas que respalden su nombramiento.
“El proceso regular en el servicio civil exige pruebas y concursos. Nada de eso existe en este caso”, indicó.
Sáurez explicó que el cargo tenía rango gerencial, pero sin estructura funcional clara ni equipos amplios a cargo. Actualmente, añadió, solo supervisaba a tres personas, mientras otros gerentes del AyA administran entre 80 y 90 funcionarios con responsabilidades operativas mayores.
Tras un estudio técnico y con aval del ente rector, el Ministerio de Planificación (Mideplan), la institución concluyó que la plaza era innecesaria y procedió a su supresión.
“No se destituyó a la persona; se eliminó la plaza porque no se justifica dentro de la organización”, recalcó.
Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves cuestionó la creación del puesto y señaló que no respondía a las necesidades reales del AyA.
Además, Sáurez aseguró que se intentó notificar a Izquierdo en varias ocasiones para abordar el proceso. “Se le convocó tres veces, en su lugar de trabajo, en su vivienda y por correo certificado, pero no se presentó”, afirmó.
La jerarca reiteró que la decisión busca ordenar la estructura institucional y garantizar que los recursos públicos se asignen a puestos técnicamente justificados.
