Caso “Gallo Tapado”: condenan a 30 años de cárcel a exfuncionario del Banco Nacional
El caso conocido como “Gallo Tapado” llegó este jueves 27 de agosto a una sentencia condenatoria contra un exfuncionario del Banco Nacional (BN), relacionado con la sustracción de aproximadamente ₡3.200 millones de la entidad.
Caso “Gallo Tapado”: condenan a 30 años de cárcel a exfuncionario del Banco Nacional
El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José encontró responsable a un hombre de apellido Olivas de 33 delitos de peculado y le impuso una pena de 330 años de prisión.
Sin embargo, esto no significa que el condenado deberá permanecer esa cantidad de años en prisión.
De acuerdo con la resolución judicial, al aplicar las reglas correspondientes al concurso material de delitos, la pena fue readecuada a 30 años de cárcel.
Olivas trabajaba como tesorero para el Banco Nacional y fue vinculado con la millonaria sustracción de dinero que dio origen al denominado caso “Gallo Tapado”.
Además, el Tribunal ordenó que el ahora condenado permanezca durante ocho meses en prisión preventiva, mientras la sentencia adquiere firmeza.
Banco Nacional: “Fuimos la principal víctima”
Tras conocerse la sentencia, el Banco Nacional manifestó su satisfacción con la resolución del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública y aseguró que representa un paso importante para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
La institución destacó que desde el inicio de la investigación colaboró con las autoridades mediante la entrega de documentación, información, evidencia técnica y testimonios.
El BN también recordó que participó activamente en el proceso judicial para defender sus intereses y los recursos que se encontraban bajo su custodia.
La entidad se calificó como “la principal víctima” de los hechos investigados y señaló que el caso no solamente generó una afectación patrimonial significativa, sino también un impacto sobre su reputación.
Según el Banco Nacional, lo ocurrido afectó la confianza pública depositada en una institución encargada de custodiar recursos de los costarricenses.
