Se acabaron los privilegios: Gobierno sacude las cárceles
El Gobierno anunció este miércoles un paquete de medidas con las que busca endurecer el control dentro de las cárceles del país y combatir la influencia del crimen organizado en los centros penitenciarios.
Se acabaron los privilegios: Gobierno sacude las cárceles
Las reformas fueron presentadas durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial por la presidenta Laura Fernández y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, quienes aseguraron que las acciones pretenden fortalecer el orden, reducir privilegios y cerrar espacios a la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Entre los principales cambios destaca una reforma, vía decreto, para eliminar el traslado de personas privadas de libertad entre cárceles con el fin de realizar visitas conyugales entre personas que también se encuentran encarceladas. Según explicó el ministro, esta práctica implica un importante despliegue de recursos públicos en seguridad y transporte.
Además, el Gobierno anunció la prohibición de que una misma persona civil pueda mantener visitas íntimas con más de un privado de libertad. Las autoridades indicaron que incluso detectaron casos de personas que visitaban hasta cuatro reclusos distintos y advirtieron que se abrirán procesos disciplinarios contra los funcionarios que autorizaron estas situaciones.
Otra de las medidas será el traslado inmediato de los privados de libertad identificados como líderes dentro de los módulos penitenciarios, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales que operan desde las cárceles.
El Ejecutivo también informó que la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), investigará posibles enriquecimientos injustificados, estilos de vida y conductas sospechosas de funcionarios penitenciarios. Cuando existan indicios de irregularidades, los casos serán remitidos a las autoridades judiciales.
Como parte de la ofensiva contra la corrupción, el ministro advirtió que los funcionarios penitenciarios que sean sorprendidos introduciendo drogas, celulares u otros artículos prohibidos, o colaborando con organizaciones criminales, serán enviados al Centro de Atención Institucional de Alta Contención (CACCO) una vez detenidos, al considerar que forman parte de estructuras delictivas.
Durante el anuncio, la presidenta Laura Fernández respaldó las medidas y afirmó que el objetivo es recuperar el control absoluto del sistema penitenciario.
«En las cárceles manda el Gobierno, manda el Poder Ejecutivo», señaló el ministro de Justicia al cierre de su intervención.
