Juzgados rechazan mayoría de solicitudes de libertad condicional
Los Juzgados de Ejecución de la Pena en Costa Rica rechazaron o archivaron el 71% de las solicitudes de libertad condicional presentadas por personas privadas de libertad entre los años 2022 y 2025, según datos oficiales de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Las estadísticas muestran que, durante ese periodo de cuatro años, las solicitudes para acceder a este beneficio penitenciario recibieron mayoritariamente una respuesta negativa. Solo el 1,6% de los casos fue declarado con lugar, lo que evidencia el estricto análisis que realizan los tribunales antes de otorgar esta medida.
Juzgados rechazan mayoría de solicitudes de libertad condicional
De acuerdo con el informe institucional, el dato proviene del registro estadístico de todos los Juzgados de Ejecución de la Pena del país, encargados de supervisar el cumplimiento de las sanciones penales y resolver gestiones presentadas por la población privada de libertad.
Mayoría de solicitudes no prospera
Entre 2022 y 2025 ingresaron 14.226 trámites de solicitud de libertad condicional en los diferentes juzgados especializados del país.
De ese total, el 71% —equivalente a 10.089 casos— fue declarado sin lugar o archivado por los tribunales. Por su parte, un 1,4% de las gestiones, es decir, 210 expedientes, terminó en revocatoria.
Las resoluciones favorables fueron considerablemente menores. En total, solo 234 solicitudes obtuvieron una resolución positiva, lo que representa el 1,6% de los trámites analizados en ese periodo.
El resto de los expedientes se resolvió mediante otros tipos de decisiones judiciales, como acumulaciones, declaratorias de inadmisibilidad u otras resoluciones procesales aplicadas por los despachos judiciales.
En promedio, cada año los juzgados recibieron cerca de 3.500 solicitudes relacionadas con libertad condicional.
Parte de una amplia carga judicial
La solicitud de libertad condicional constituye solo una parte del trabajo que atienden los Juzgados de Ejecución de la Pena.
Durante el cuatrienio analizado, estos despachos recibieron un total de 73.125 trámites y gestiones nuevas vinculadas con la ejecución de las sentencias penales.
Dentro de ese conjunto, las solicitudes de libertad condicional representaron el 19,4% del total de casos ingresados.
La mayor parte del trabajo judicial se concentró en otros procedimientos establecidos por la normativa que regula esta materia.
Trámites más frecuentes
Según el informe del Poder Judicial, las gestiones relacionadas con modificación de la pena y quejas presentadas por personas privadas de libertad fueron las que generaron mayor volumen de trabajo en los juzgados.
En conjunto, estos dos tipos de trámites representaron el 53,4% de todos los asuntos nuevos recibidos durante el periodo 2022-2025.
Cada uno de estos rubros superó en más de dos mil gestiones a las solicitudes de libertad condicional, lo que refleja el peso que tienen dentro de la dinámica judicial de la ejecución penal.
Además de estas gestiones principales, los juzgados también resolvieron otros procedimientos vinculados con los derechos y condiciones de las personas privadas de libertad.
Otros procesos judiciales
Las estadísticas indican que el 27,2% restante de los trámites de nuevo ingreso correspondió a 19.820 casos relacionados con diferentes aspectos del cumplimiento de la pena.
Entre estos procesos se incluyen solicitudes de penas alternativas, peticiones o permisos, unificación de penas, monitoreo electrónico según el artículo 57 bis del Código Penal, así como asuntos relacionados con aislamiento u otras condiciones del régimen penitenciario.
Estas resoluciones forman parte de las funciones que la legislación costarricense asigna a los Juzgados de Ejecución de la Pena, cuyo objetivo es supervisar la correcta aplicación de las sanciones y garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes dentro del sistema penitenciario.
Las cifras reflejan la magnitud del trabajo judicial en esta materia y muestran que la concesión de la libertad condicional es una medida que se otorga en un porcentaje reducido de casos, tras la valoración de los requisitos legales y las condiciones particulares de cada solicitud.
