Reclamo de magistrado Jorge Araya a Laura Fernández tuvo respuesta
El reclamo público del magistrado Jorge Araya García a la presidenta de la República, Laura Fernández, tuvo respuesta horas después.
Reclamo de magistrado Jorge Araya a Laura Fernández tuvo respuesta
Araya solicitó a la mandataria pruebas que respaldaran sus afirmaciones sobre la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial.
La tarde del miércoles 12 de agosto, el magistrado se manifestó públicamente y aseguró que había transcurrido el plazo de 10 días hábiles que, según indicó, tenía la Presidenta para contestar su gestión.
“Los 10 días que establece la Constitución Política en su artículo 27 vencieron ayer (Martes 11 de agosto). La respuesta de la Presidenta Fernández fue el silencio”, manifestó.
“Su silencio ofende”
El Magistrado Jorge Araya lanzó un fuerte cuestionamiento contra Fernández.
“Presidenta Fernández, su silencio ofende una vez más a 14.000 familias judiciales que trabajan con fuerza, con honor, con cariño, con rectitud en pro de este país”, expresó.
El magistrado agregó que “su silencio ofende la dignidad nacional” y cerró su intervención preguntándole directamente a la mandataria:
“Presidenta Fernández, ¿cómo quiere usted que la recuerde la historia?”
📌 Cronología del intercambio
- Martes 28 de julio: Jorge Araya presenta, en su condición de ciudadano, una solicitud dirigida a Laura Fernández para que aporte pruebas que respalden sus afirmaciones sobre la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial.
- Miércoles 12 de agosto, por la tarde, pasadas las 2:00 pm: Araya se pronuncia públicamente y asegura que el plazo de 10 días hábiles había vencido sin recibir contestación.
- Miércoles 12 de agosto, cinco horas después, pasadas las 7:00 pm: Presidencia da a conocer el oficio PR-DP-OF-0448-2026, fechado el 12 de agosto, con la respuesta para el Magistrado.
Laura Fernández mantiene sus afirmaciones
En la contestación, Fernández no se retractó de sus declaraciones. Por el contrario, reafirmó lo manifestado respecto a que el crimen organizado y el narcotráfico se están introduciendo en estructuras del Poder Judicial.
El oficio señala que esa posición puede sustentarse, según Presidencia, en antecedentes y casos de gravedad conocidos públicamente en los que funcionarios judiciales han sido investigados o detenidos.
Presidencia también sostiene que desde la cúpula del Poder Judicial existen potestades de fiscalización, control y acceso a información sobre expedientes y causas contra funcionarios judiciales y considera necesario asumir un papel activo en la “depuración interna”.
📌 Los casos citados por Presidencia
Para respaldar sus afirmaciones, el oficio remitido a Araya menciona varios casos:
Talamanca (2021): Presidencia señala la detención de un juez y fiscales por narcotráfico. Según el documento, se investigaron presuntas resoluciones irregulares y filtraciones de información a líderes criminales.
Corruptela en Limón (2022-2023): el oficio menciona investigaciones contra técnicos judiciales, defensores públicos y un exjuez por supuestos pagos para desestimar causas, alertar sobre allanamientos o alterar información judicial.
Paso Canoas y Sartra (2022-2023): se citan investigaciones relacionadas con presuntas fugas de información desde el OIJ y tribunales, así como venta de claves de acceso a sistemas confidenciales y bases de datos.
La Unión (2024): Presidencia menciona la detención de tres fiscales y tres jueces en una investigación por tráfico de influencias, cohecho y violación de secretos, entre otros señalamientos.
Celso Gamboa: el oficio incorpora el proceso contra el exmagistrado de la Sala Tercera y exfiscal general, así como su situación judicial y proceso de extradición hacia Estados Unidos.
Madre Patria: Presidencia lo presenta como otro ejemplo de la presunta penetración de la delincuencia organizada y hace referencia a una estructura investigada por fraude y lavado de dinero y a la presunta participación de jueces y agentes judiciales.
Además, Presidencia recomendó al magistrado, debido a su condición de integrante de Corte Plena, solicitar al Ministerio Público y a la Sala Tercera informes detallados sobre el estado de esas investigaciones.
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