Randall Zúñiga cuestiona decisión y deja fuertes declaraciones

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron por unanimidad, en sesión del lunes 18 de mayo, revocar el nombramiento de Zúñiga, tras determinar la existencia de faltas consideradas como gravísimas en el marco de un procedimiento disciplinario.

Tras conocerse la decisión, el ahora exdirector del OIJ emitió un comunicado en el que cuestionó el proceso y alegó que el caso ha sido interpretado públicamente de forma incorrecta, al mezclarse —según afirmó— hechos mediáticos con lo efectivamente resuelto en el expediente disciplinario.

El exjerarca sostuvo que la revocatoria no guarda relación con reportajes ni con otros casos que han sido mencionados en medios de comunicación, y aseguró que durante el proceso se han vinculado señalamientos que no fueron parte del objeto de la investigación disciplinaria.

Zúñiga indicó que en el procedimiento se le atribuyeron inicialmente 50 cargos, de los cuales —según su versión— solo seis fueron finalmente sancionados. Además, señaló que algunos de los cargos originalmente planteados por supuesta violación al deber de confidencialidad habrían sido reencuadrados posteriormente en otra normativa.

“El punto central no era si se conversó sobre casos, sino si se reveló información reservada, lo cual no fue acreditado”, afirmó en su comunicado, al insistir en que las conversaciones que se le atribuyen habrían versado sobre hechos ya divulgados públicamente por autoridades o medios de comunicación.

Como parte de sus argumentos, citó distintos casos de alto impacto mediático, asegurando que la información sobre estos ya había sido expuesta previamente en conferencias de prensa o entrevistas oficiales antes de cualquier conversación privada atribuida a su persona.

Zúñiga también rechazó señalamientos sobre supuestos conflictos de interés y otras conductas administrativas, al indicar que no se acreditaron gestiones indebidas ni pruebas objetivas suficientes que sustenten esas imputaciones.

El exdirector del OIJ afirmó que la forma en que se ha presentado el caso ante la opinión pública es incompleta y que, a su criterio, la interpretación disciplinaria amplía indebidamente los cargos y desnaturaliza las normas aplicadas.

Finalmente, anunció que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la revisión de lo resuelto y reiteró su respeto hacia el personal del OIJ, al tiempo que defendió la necesidad de mantener la independencia de la policía judicial frente a presiones externas.