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Polémica frase de Marta Esquivel desata fuertes críticas

Las declaraciones de la diputada Marta Esquivel, quien se refirió como “ticos con corona” a las personas que recurren a la Sala Constitucional para reclamar atención médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encendieron una fuerte discusión sobre el acceso a la salud y el derecho de los pacientes a exigir una atención oportuna.

Polémica frase de Marta Esquivel desata fuertes críticas

La controversia surgió durante una intervención en el plenario legislativo, donde la legisladora cuestionó el efecto de los recursos de amparo relacionados con las listas de espera. Según manifestó, estos mecanismos terminan otorgando prioridad a quienes acuden a la vía constitucional frente a otros pacientes que permanecen en los procedimientos ordinarios de la institución.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones. Pacientes, familiares y organizaciones defensoras del derecho a la salud rechazaron las afirmaciones y sostuvieron que acudir a la Sala Constitucional no representa un privilegio, sino una herramienta legal utilizada cuando las personas consideran que sus derechos fundamentales han sido vulnerados.

La polémica también reavivó el debate sobre la cantidad de recursos de amparo presentados contra la CCSS. Cada año, miles de costarricenses recurren a la Sala IV para solicitar acceso a medicamentos, cirugías, citas con especialistas y otros procedimientos médicos que consideran urgentes o que enfrentan largos periodos de espera.

En lo que va del año, la Sala IV ha tramitado más de 8.000 recursos de amparo y ha dado la razón a los recurrentes en 5.933 casos. Estas cifras reflejan que, para miles de pacientes, la vía constitucional sigue siendo el último recurso para acceder a tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos ante las demoras del sistema de salud.

Más allá de la controversia política, las declaraciones volvieron a poner sobre la mesa un tema que afecta a miles de asegurados: las listas de espera y el acceso efectivo a los servicios de salud. Se trata de un desafío que continúa generando preocupación entre pacientes y que mantiene una constante presión sobre la CCSS y el sistema judicial.

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