Gobierno declara Secreto de Estado información de Fuerza Élite y DIS
El Gobierno de la presidenta Laura Fernández declaró como Secreto de Estado y de acceso restringido una amplia cantidad de información relacionada con las operaciones de seguridad y defensa nacional, incluyendo documentación del denominado grupo Fuerza Élite, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Gobierno declara Secreto de Estado información de Fuerza Élite y DIS
La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, firmado por Fernández y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, el pasado 27 de julio. El decreto establece que comenzará a regir a partir de su publicación, es decir a partir de este lunes 10 de agosto del 2026.
La declaratoria incluye informes, documentos, archivos e información vinculada con estos organismos, así como otras coordinaciones en materia de seguridad y defensa dirigidas por la Presidencia de la República.
¿Qué información quedará bajo secreto?
El alcance del decreto es amplio. Entre la información restringida se encuentran las capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos y mecanismos de inteligencia.
También comprende bitácoras de acuerdos, estrategias policiales, controles, evaluaciones de confiabilidad, planes de protección a funcionarios, gastos y presupuestos.
La reserva alcanza además las sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos generados dentro de estos órganos y grupos de trabajo.
Uno de los puntos relevantes es que también quedan comprendidos los procedimientos de contratación relacionados con estas labores, incluyendo estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamiento, contratos y sus fases de ejecución.
La restricción aplicará independientemente de que las contrataciones se realicen con instituciones estatales, entes públicos no estatales, consorcios o empresas privadas nacionales o extranjeras.
Confidencialidad será indefinida
El decreto obliga a guardar absoluta confidencialidad a jerarcas, policías, asesores, personal técnico y administrativo y otras personas que participen en el Consejo, la DIS o Fuerza Élite.
La obligación también alcanza a consultores, asesores y contratistas privados. En estos casos deberán firmar una cláusula de sometimiento al Secreto de Estado.
Además, la prohibición de divulgar la información continuará de manera indefinida incluso después de que finalice la relación de la persona con el Estado.
Quienes incumplan estarán sujetos a los procedimientos y sanciones establecidos en la legislación nacional y, cuando corresponda, a la terminación contractual sin responsabilidad para la Administración.
Gobierno argumenta riesgos para operaciones y funcionarios
El Ejecutivo justifica la decisión señalando que revelar este tipo de información podría comprometer operaciones actuales o futuras, exponer las capacidades y vulnerabilidades de los cuerpos de seguridad y poner en peligro la vida de funcionarios y terceros.
También argumenta que organizaciones criminales podrían utilizar esos datos para evadir controles, detectar vulnerabilidades institucionales o desarrollar mecanismos para infiltrarse o cometer actos de corrupción.
El decreto reconoce que el Secreto de Estado constituye una excepción al derecho de acceso a la información pública y recoge jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual esta figura debe aplicarse de manera restrictiva en asuntos relacionados con seguridad nacional, defensa y relaciones exteriores.
