Orlando Aguirre responde a Laura Fernández y alerta por presupuesto condicionado
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, le contestó a la Presidente Laura Fernández y advirtió que las condiciones establecidas para utilizar parte del presupuesto del Poder Judicial en 2027 podrían afectar las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la protección de víctimas y el funcionamiento de los tribunales.
Orlando Aguirre responde a Laura Fernández y alerta por presupuesto condicionado
Aguirre aseguró que la discusión no se concentra únicamente en cuánto dinero recibirá la institución, sino en el momento en que podrá utilizarlo y en las decisiones que podrá tomar sobre esos recursos.
“El debate no es sobre cuánto dinero se presupuesta al Poder Judicial; es sobre cuándo puede disponer de esos recursos y qué puede hacer con ellos”, manifestó.
Cuestiona nuevos requisitos
El magistrado señaló que la nueva formulación presupuestaria establece, exclusivamente para el Poder Judicial, una serie de requisitos para liberar parte del dinero ya incluido en el presupuesto.
Según explicó, el procedimiento requeriría la intervención de una comisión legislativa, el Plenario de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda.
Para Aguirre, existe una diferencia entre fiscalizar el uso de los fondos públicos y condicionar el momento en que pueden utilizarse, la forma de reorganizarlos o las plazas que puede ocupar la institución.
El jerarca sostuvo que esas decisiones deben tomarse de manera independiente, conforme a la autonomía otorgada al Poder Judicial por la Constitución Política, y no mediante la intervención administrativa de otro poder de la República.
Niega defensa de privilegios
Aguirre rechazó que los cuestionamientos respondan a una intención de proteger privilegios o gastos innecesarios.
“El Poder Judicial siempre ha rendido cuentas”, afirmó. Agregó que la institución está sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República, así como a los controles y auditorías establecidos por ley.
También aseguró que la ejecución de su presupuesto supera habitualmente el 95% y que se han cumplido las normas fiscales y de empleo público.
Posibles consecuencias para la ciudadanía
El presidente de la Corte advirtió que, si el dinero no está disponible cuando se necesita, las consecuencias recaerían directamente sobre la ciudadanía.
Entre las áreas que podrían verse comprometidas mencionó las investigaciones del OIJ, la adquisición de tecnología, la atención y protección de víctimas, el funcionamiento de los tribunales y otros servicios necesarios para administrar justicia y combatir la delincuencia.
“Defender la capacidad presupuestaria del Poder Judicial es defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía”, concluyó Aguirre.
Sus declaraciones surgen después de que la presidenta Laura Fernández anunciara que parte de los recursos judiciales será liberada por tractos y quedará sujeta a controles de la Contraloría y autorizaciones de la Asamblea Legislativa.
