Laura Fernández reduce recorte al Poder Judicial, pero condiciona entrega de recursos
La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que la reducción solicitada al presupuesto del Poder Judicial para 2027 será de ₡11 mil millones y no de ₡27 mil millones, como había comunicado inicialmente el Ministerio de Hacienda.
Laura Fernández reduce recorte al Poder Judicial, pero condiciona entrega de recursos
Según la mandataria, la disminución representará aproximadamente un 2% del presupuesto judicial, mientras que otras instituciones del Poder Ejecutivo asumirán la diferencia de la rebaja originalmente planteada.
Fernández también aseguró que el Poder Judicial contará con los recursos necesarios para adquirir armas y chalecos antibalas, ante las advertencias sobre las posibles consecuencias presupuestarias para el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Pueden estar tranquilos, tendrán recursos para las armas y los chalecos antibalas. No tendrán que tirarles piedras a los delincuentes, como irresponsablemente han dicho ante los medios de comunicación”, manifestó.
Rechaza responsabilidad por crisis judicial
Durante su mensaje, Fernández acusó a las autoridades judiciales de responsabilizar al Gobierno por problemas que, según afirmó, se acumulan desde hace varios años.
“No voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial”, expresó la presidenta, quien sostuvo que no aceptará que su administración sea utilizada para justificar las dificultades operativas de la institución.
La mandataria también cuestionó gastos del Poder Judicial, entre ellos el alquiler del edificio donde funciona la Sala Constitucional. De acuerdo con las cifras mencionadas en su discurso, el costo pasó de $102 mil mensuales en 2017 a $122 mil desde 2024.
Recursos serán liberados por tractos
Aunque el Gobierno reducirá el recorte inicialmente anunciado, Fernández advirtió que los recursos condicionados serán liberados por tractos y únicamente después de cumplir tres requisitos.
El primero será que la Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos evalúe las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial administrado por el Banco de Costa Rica.
Como segundo requisito, la Contraloría General de la República deberá certificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas en sus auditorías sobre esas obras.
Finalmente, la Comisión de Ingreso y Gasto Público y el Plenario Legislativo deberán autorizar al Ministerio de Hacienda para liberar los fondos.
Diputados valorarán desempeño
La presidenta indicó que los legisladores deberán considerar aspectos como la mora judicial, los errores institucionales, el desempeño de la Fiscalía y los casos de corrupción antes de autorizar la entrega del dinero.
Fernández cerró su intervención responsabilizando directamente a las autoridades judiciales por los problemas de la institución.
“La culpa de la crisis del Poder Judicial es de ustedes. No me van a utilizar como excusa para pretender justificarse”, sentenció.
