«La economía jaguar ya no llega ni a gatito»: magistrada Patricia Solano cuestiona recorte al Poder Judicial
La magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, aprovechó la discusión sobre el recorte presupuestario aprobado por la Corte Plena para cuestionar el discurso económico del Gobierno y advertir sobre las consecuencias que tendrán los ajustes en la administración de justicia.
«La economía jaguar ya no llega ni a gatito»: magistrada Patricia Solano cuestiona recorte al Poder Judicial
Durante su intervención, Solano manifestó que le resulta contradictorio que meses atrás el Ejecutivo presentara al país una economía sólida bajo el concepto de la «economía jaguar», mientras que ahora solicita nuevas reducciones presupuestarias alegando limitaciones fiscales.
«Qué curioso. En febrero, antes de las elecciones, teníamos una economía jaguar fuerte para Costa Rica y resulta que dos o tres meses después esa economía no llega ni a gatito, porque lo que nos dicen ahora es que no hay dinero», expresó la magistrada durante la sesión.
La magistrada también cuestionó qué ocurrió con las finanzas públicas en los últimos años y señaló que el país recibió una economía en proceso de saneamiento tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
«¿Qué pasó en cuatro años?», preguntó, al tiempo que criticó que el Poder Judicial continúe enfrentando reducciones presupuestarias pese a que, según recordó, la Sala Constitucional había establecido condiciones específicas respecto a la aplicación de esa normativa sobre este poder de la República.
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Advierte impacto en el acceso a la justicia
Solano aseguró que el presupuesto judicial ya opera con recursos ajustados al mínimo necesario para mantener el funcionamiento institucional y advirtió que nuevos recortes comprometerán la capacidad de atender a la ciudadanía.
En su criterio, reducir los recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al Ministerio Público y a otros órganos técnicos afectará directamente la lucha contra el crimen organizado y el acceso a la justicia.
«La pregunta que debemos hacernos es qué acceso a la justicia van a tener los costarricenses si seguimos debilitando las instituciones encargadas de investigar y perseguir el delito», señaló.
La magistrada también criticó que el Poder Ejecutivo traslade al propio Poder Judicial la responsabilidad de decidir qué áreas deberán soportar los recortes.
Recorte fue aprobado por la Corte Plena
Las declaraciones de Solano se dieron durante la sesión en la que la Corte Plena aprobó un recorte de ₡13.242 millones al presupuesto del Poder Judicial para el 2026, atendiendo una solicitud del Ministerio de Hacienda.
No obstante, los magistrados advirtieron que la reducción tendrá consecuencias sobre proyectos para fortalecer al OIJ, el Ministerio Público, la atención de víctimas, la agilización de procesos judiciales y las acciones contra el crimen organizado.
Asimismo, la Corte rechazó una propuesta para disminuir en ₡26.549 millones el anteproyecto de presupuesto del 2027, al considerar que una rebaja adicional tendría un impacto directo en la seguridad del país y en el acceso de la población a la justicia.
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