Corte Plena aprueba recorte de ₡13 mil millones y advierte consecuencias para la seguridad del país
La Corte Plena, integrada por las 22 magistradas y magistrados del Poder Judicial, acordó por mayoría este lunes 29 de junio realizar un recorte de ₡13.242.080 millones en el presupuesto en ejecución para 2026, en atención a la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda y como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.
Corte Plena aprueba recorte de ₡13 mil millones y advierte consecuencias para la seguridad del país
No obstante, la institución advirtió que esta reducción tendrá consecuencias en la prestación de servicios y a iniciativas dirigidas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la agilización de procesos judiciales.
Del monto total recortado, ¢8.687.877 corresponden a recursos aprobados por la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior, para fortalecer el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público mediante la creación de nuevas plazas y apertura de dos subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas, y una oficina policial en Puerto Jiménez, zonas estratégicas por su ubicación.
Aunque esos fondos fueron incorporados al presupuesto del Poder Judicial, Hacienda no autorizó ejecutarlos; además, fueron eliminados del presupuesto de 2027 por dicha cartera.
El monto restante corresponde a remanentes producto del tipo de cambio del dólar, contrataciones sin ofertas y reprogramación de proyectos de construcción.
El Poder Judicial reiteró en el comunicado de prensa que los recursos asignados a la administración de justicia son fundamentales para garantizar la atención de la ciudadanía, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas.
Asimismo, enfatizó que este constituye el mayor esfuerzo de ajuste que la institución puede realizar sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales. Una reducción adicional obligaría a tomar medidas más drásticas con impacto directo sobre la atención que reciben las personas usuarias.
La institución destacó además su sólida ejecución presupuestaria: en 2025 alcanzó un 97%, mientras que en 2024 y 2023 registró un 96% y un 95%, respectivamente.
Estos resultados evidencian una gestión eficiente de los recursos públicos y un firme compromiso con el cumplimiento de las medidas de disciplina fiscal establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.
Con relación a la solicitud de rebajo de ¢26.549 millones al anteproyecto del presupuesto para el año 2027, la Corte, por mayoría, acordó rechazar el reajuste por el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas.
El Poder Judicial —integrado por juezas y jueces, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Corte Suprema de Justicia y las dependencias administrativas— reafirma su compromiso con Costa Rica y con la ciudadanía. Pese a las limitaciones presupuestarias, continuará trabajando para combatir el crimen organizado, resolver los conflictos que llegan a los tribunales, defender los derechos de las personas y garantizar el acceso a la justicia.
