JAPDEVA rechaza persecución sindical tras polémicos despidos
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, conocida como JAPDEVA, enfrenta hoy un escenario de alta tensión institucional. Un reciente proceso disciplinario ha levantado una serie de interrogantes que mantienen en vilo a la opinión pública de la provincia de Limón.
Detrás de las decisiones administrativas se esconden expedientes que podrían cambiar la percepción sobre la gestión del talento humano en el sector portuario nacional. La incertidumbre crece mientras los actores políticos y sindicales esperan una resolución definitiva sobre lo ocurrido en las últimas semanas de marzo.
JAPDEVA rechaza persecución sindical tras polémicos despidos
La institución rompió el silencio mediante un comunicado oficial emitido este viernes 27 de marzo de 2026, buscando despejar las dudas sobre su proceder ético. En el documento, la administración portuaria defiende la legalidad de sus actuaciones frente a los señalamientos realizados en la Comisión Especial de Limón.
JAPDEVA fue tajante al rechazar las acusaciones de SINTRAJAP y de diversos sectores que cuestionan la transparencia de los procesos de sanción internos ejecutados recientemente. La entidad asegura que cada paso se dio bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico que rige a los servidores públicos.
“Respecto a las manifestaciones realizadas en la Comisión Especial de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa… se rechazan todas las acusaciones del actuar administrativo”, dicta el comunicado oficial. La institución sostiene que los procesos disciplinarios comenzaron mucho antes de que se presentaran denuncias por presunto acoso laboral.
El caso que más ha generado revuelo mediático es el despido de una figura con representación sindical, lo cual encendió las alarmas por posibles fueros. Sin embargo, la institución aclara que el proceso no fue unilateral, sino que contó con la revisión exhaustiva de las autoridades competentes en materia de trabajo.
Para proceder con la desvinculación, la Junta Directiva de JAPDEVA elevó el caso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando formalmente el levantamiento del fuero. Este movimiento administrativo, realizado desde octubre de 2025, buscaba garantizar que la decisión no fuera interpretada como una represalia política o sindical.
Un detalle técnico relevante es que la Presidenta Ejecutiva, Sussy Wing, no participó en la sesión ordinaria donde se acordó el traslado del caso al Ministerio. Según consta en las actas institucionales, la jerarca se encontraba fuera del país en esa fecha específica, delegando la responsabilidad en el órgano colegiado.
El 25 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Inspección notificó la resolución RG-MTSS-DMT-DVAL-DNI-DAL-381-2026, la cual homologó finalmente el despido solicitado por la administración portuaria. Con este documento en mano, JAPDEVA procedió a ejecutar la sanción, alegando que el proceso fue validado por un tercero imparcial.
La jerarca de la institución defendió la integridad de sus colaboradores y la transparencia con la que se han manejado estos casos sensibles para la provincia. “Este proceso ha sido absolutamente transparente y se ha llevado a cabo con estricta observancia de la normativa laboral vigente”, enfatizó la Presidenta Ejecutiva.
La postura oficial busca neutralizar la narrativa de persecución laboral que ha circulado en medios locales y redes sociales durante el primer trimestre del año. JAPDEVA reitera que su compromiso con la ética es inquebrantable y que no permitirá que la disciplina institucional sea confundida con actos de discriminación.
“Nuestro compromiso con la transparencia, la ética y el cumplimiento de la ley es inquebrantable”, indicó Wing, subrayando que la legalidad es el pilar de su gestión. Esta declaración pretende cerrar un capítulo de confrontación que ha afectado la imagen de la institución encargada del desarrollo del Caribe.
Finalmente, la administración reafirmó que todas sus actuaciones administrativas se realizan conforme a los más altos estándares técnicos y jurídicos que exige la función pública. El país queda a la espera de la reacción sindical ante esta ratificación del Ministerio de Trabajo sobre las sanciones aplicadas.
