Sugese propone reforma para blindar al INS de injerencias políticas
La Superintendencia General de Seguros (Sugese) presentó este jueves ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público un proyecto de ley para reformar los artículos 4 y 5 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros (INS) N.º 12, con el fin de modernizar su gobernanza corporativa, fortalecer su autonomía y transparentar la relación con el Estado, sin modificar su naturaleza ni los objetivos para los que fue creado.
Sugese impulsa cambios a la ley para blindar al INS de injerencias políticas
La propuesta plantea una serie de mejoras orientadas a reforzar la independencia institucional y la gestión técnica del INS.
Entre ellas destacan una mayor profesionalización de la Junta Directiva, la separación efectiva entre la dirección estratégica y la administración operativa, procesos de selección basados en méritos, así como la adopción de estándares del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y de buenas prácticas de la OCDE en materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos y controles internos.
Uno de los cambios centrales es la separación clara entre el rol no ejecutivo de la presidencia de la Junta Directiva y las funciones de la Gerencia General, un esquema similar al utilizado en la banca estatal.
Con esto se busca eliminar duplicidades, evitar la concentración de poder y mejorar los mecanismos de supervisión, de manera que la Junta se enfoque en la estrategia y el control, mientras la Gerencia asume la administración diaria.
Asimismo, la reforma establece procesos públicos, competitivos y meritocráticos para la designación de directores, con requisitos de idoneidad, independencia y experiencia técnica. También contempla periodos de nombramiento más largos y escalonados, lo que permitiría mayor estabilidad y reduciría la influencia de los ciclos políticos.
El superintendente general de seguros, Tomás Soley Pérez, señaló que, de aprobarse, la iniciativa colocaría al INS “dentro de los mejores estándares internacionales de gobierno corporativo de entidades estatales, al separar las funciones de la Junta Directiva y la gerencia, reducir riesgos de concentración de poder y reforzar la independencia frente al poder político”, lo que, afirmó, fortalecería la confianza pública en una institución clave para el mercado asegurador del país.
El proyecto también redefine el papel del Estado como propietario, al establecer una delimitación formal de expectativas estratégicas y mecanismos de fiscalización del desempeño, sin intervenir en la gestión operativa. Además, exige mayor transparencia en las relaciones con el Poder Ejecutivo y partes vinculadas, bajo condiciones de mercado, para mitigar riesgos de interferencia política.
Según Sugese, la reforma no altera la supervisión ni la regulación del mercado de seguros, sino que mantiene los esquemas vigentes y alinea al INS con las guías de gobierno corporativo de la OCDE y con prácticas consolidadas en entidades financieras públicas.
