Diputados cuestionan la no participación de más de 100 medios en concurso de frecuencias
Los diputados cuestionaron este lunes la exclusión de más de 100 medios de comunicación que no lograron participar en el concurso para la subasta de las frecuencias del espectro radioeléctrico, una situación que generó preocupación en varias fracciones legislativas. El asunto fue ampliamente discutido este martes en la Asamblea Legislativa, donde los congresistas advirtieron sobre posibles afectaciones a la libertad de prensa y expresión. La no participación de estos medios ocurrió en el marco del proceso organizado por el Poder Ejecutivo y supervisado por la SUTEL.
Durante el debate, Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, afirmó que “al cumplimiento de la amenaza que hizo este gobierno el 2 de abril de 2025. Un apagón de radio y televisión, si no se actualizaban los montos que se cobraban”. Agregó que “es el presidente Chávez, el único que puede revertir este atentado contra la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esto es un atentado contra la libertad en Costa Rica”.
Diputados cuestionan la no participación de más de 100 medios en concurso de frecuencias
La diputada Johana Obando también mostró preocupación por el impacto del concurso en el acceso a la información. Según declaró, “lo que vemos es un intento antojadizo para instaurar un régimen autoritario, silenciar al pueblo de Costa Rica”. De forma similar, la legisladora Dinorah Barquero señaló que “al cerrar estas emisoras y al cerrar esta capacidad de expresarse de los costarricenses, aquí verdaderamente lo que se está silenciando es la democracia costarricense”.
Por su parte, Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, cuestionó que las condiciones del cartel limiten la participación de medios pequeños y medianos. Señaló que “lo que está haciendo el Gobierno de la República en conjunto con la SUTEL es profundizando ese modelo de exclusión de la diversidad de voces, acabando con medios pequeños y medianos que deberían existir en este país”. Añadió que “¿qué es lo que están haciendo, costarricenses? Poniéndoles un peaje impagable que únicamente pueden pagar los medios más grandes, los que tienen grandes capitales, para así borrar de un plumazo la diversidad de voces”.
A su vez, Vanessa de Paul Castro, diputada de la Unidad Social Cristiana, expresó dudas sobre el efecto real del proceso en la apertura del espectro. “¿Estamos democratizando con esto realmente el espectro o estamos consolidando la concentración mediática?”, planteó. La legisladora también cuestionó si el concurso “estamos fortaleciendo la libertad de expresión o verdaderamente estamos cerrando bocas, comprando conciencias y dejando a Costa Rica sin uno de los pilares básicos de la democracia como es la libre expresión y comunicación a través de la radio y televisión que nos ha caracterizado por la cantidad de participantes a lo largo de la historia”.
En defensa de la posición del Gobierno, el diputado Manuel Morales sostuvo que el proceso cumple con los criterios técnicos y legales. Aseguró que “el concurso no es un capricho político, es una obligación legal; defenderlo es defender el estado de derecho”. También afirmó que “este gobierno no ha querido callar voces, todo lo contrario, extendió los plazos dos veces para garantizar la continuidad. Y la visión es clara, son más voces, más regiones, más país”.
