Diputados estudiarán levantar inmunidad del presidente por segunda vez
Por segunda vez en lo que va del año, la Asamblea Legislativa deberá decidir si levanta o no el fuero de inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, tras una solicitud presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por un presunto delito de beligerancia política.
El Tribunal Supremo de Elecciones remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud formal para levantar la inmunidad presidencial, con el fin de investigar una causa relacionada con posible participación política indebida del mandatario.
La resolución del TSE agrupa 15 de las 24 denuncias que se encuentran actualmente en trámite contra el presidente, interpuestas por diputados, agrupaciones políticas y ciudadanos en diferentes momentos.
De acuerdo con la legislación costarricense, para retirar la inmunidad se requiere una mayoría calificada de 38 votos en el Plenario. Si se aprueba, el caso pasará a un proceso ordinario ante el Tribunal Supremo de Elecciones, encargado de determinar si existió o no una violación a las normas de neutralidad política que rigen para los jerarcas públicos.
Las reacciones no se hicieron esperar en el Congreso. Diputados de distintas fracciones legislativas coincidieron en que abordarán el tema con objetividad y transparencia, aunque con posiciones diversas respecto al fondo de la acusación.
Diputados estudiarán levantar inmunidad del presidente por presunta beligerancia
El legislador Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que el proceso debe regirse por los principios de legalidad y transparencia.
“Esta solicitud es un paso previsto en el Código Electoral y debe ser tramitado con vigor, transparencia y apego al debido proceso. Miembros del Partido Liberación Nacional y diferentes actores políticos y ciudadanos denunciaron de forma responsable los hechos de presunta beligerancia política del presidente de la República, porque creemos en la neutralidad de la función pública y en la obligación de todos de respetar las reglas del juego democrático”, afirmó Izquierdo.
Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el diputado Alejandro Pacheco manifestó que el procedimiento debe seguir el mismo cauce que en casos anteriores.
“Esperaremos a que llegue la denuncia a la Asamblea Legislativa y tendremos que darle el procedimiento normal que se le ha dado, como se dio en el caso anterior. Que se constituya una comisión y luego esa comisión pase al Plenario Legislativo, y después del análisis tomaremos la decisión que haya que tomar”, explicó.
Por su parte, Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), recordó que este proceso tiene un carácter distinto debido a la naturaleza del presunto delito.
“Lo que pasa es que el proceso ahora es algo distinto de acuerdo a la naturaleza de los delitos cometidos, porque en este caso las posibilidades de sanciones van desde el levantamiento de la credencial del presidente de la República hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”, señaló Campos.
La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, destacó la relevancia de analizar a fondo el expediente y tomar una decisión basada en criterios técnicos.
“Nos parece que es muy importante entender que la beligerancia tiene que ver con utilizar fondos públicos que nos pertenecen a todos los y las costarricenses para beneficiar una causa particular, en este caso, una causa partidaria. Esperamos que la Asamblea Legislativa pueda estudiar la causa y dar un voto con razones, y que no se vuelva a votar por afinidad o por cálculo electoral como sucedió recientemente con la inmunidad en el caso anterior”, manifestó Alfaro.
El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, también aseguró que su fracción actuará con prudencia.
“Analizaremos con detalle las circunstancias, analizaremos con detalle las denuncias que hay contra el señor presidente y tomaremos una decisión basada en un análisis reposado, crítico y exhaustivo, no en revanchismo político como sé que hacen otras fracciones”, indicó.
La fracción oficialista reaccionó con dureza ante la solicitud del TSE. La diputada Pilar Cisneros cuestionó la motivación detrás de las denuncias y calificó el proceso como un intento de debilitamiento institucional.
“Y puede levantarle el fuero a Chávez, no para valorar la prueba, no, sino para abrir el proceso sancionatorio. Es decir, el castigado no tiene ninguna posibilidad de recurrir el castigo. ¿Y quiénes son los que acusan? Muy interesantes: militantes de Liberación Nacional, del Frente Amplio, del PAC y nuestros archirrivales políticos, como la diputada Johana Obando o Claudio Alpízar. Óigame, será pura casualidad. Nuevamente me pregunto, ¿estamos ante un golpe de Estado institucional?”, expresó Cisneros.
La Asamblea Legislativa deberá conformar una comisión especial que estudie el expediente remitido por el TSE y rinda un informe al Plenario. Con base en ese informe, los diputados decidirán si levantan o no la inmunidad presidencial.
De aprobarse la solicitud, el caso avanzará a un proceso judicial en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde se determinará si hubo infracción a la neutralidad política por parte del mandatario.
El presidente Rodrigo Chaves ya enfrentó una solicitud similar en el transcurso del año, también vinculada a presunta beligerancia política, figura que prohíbe a los jerarcas públicos participar en actividades partidarias o electorales durante el ejercicio de sus funciones.
