Diputados abren el debate sobre APM Terminals: críticas por uso de activos, empleo y seguridad
Los diputados de la Comisión Especial de la provincia de Limón de la Asamblea Legislativa recibieron a exjerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y al director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el objetivo de analizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato de concesión con la empresa APM Terminals, encargada de la administración de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Diputados abren el debate sobre APM Terminals: críticas por uso de activos, empleo y seguridad
Durante la comparecencia, los exministros del MOPT Luis Amador Jiménez y Mauricio Batalla Otárola, así como el expresidente ejecutivo de JAPDEVA Greivin Villegas Ruiz, expusieron sus valoraciones técnicas, políticas y sociales sobre los efectos del contrato, mientras que Michael Soto, director general interino del OIJ, se refirió a temas de seguridad vinculados a la zona portuaria.
Luis Amador cuestionó el enfoque operativo de la inversión realizada en Moín, señalando que, desde su perspectiva, el diseño del proyecto no respondió a una planificación integral del sistema portuario. “Esa inversión debió contemplar un patio seco para movilizar el trasbordo y el ingreso del ferrocarril a APM, lo cual nunca se dio. Al final, se invirtió para dejar un activo del Estado prácticamente en desuso”, afirmó.
Además, indicó que JAPDEVA cuenta actualmente con cuatro puestos de atraque y solo dos grúas pórticas, con una capacidad de uso limitada tras la entrada en vigencia del contrato de concesión.
Por su parte, Mauricio Batalla adoptó una posición más general sobre el modelo de concesiones, señalando que este tipo de contratos suelen representar un proceso de aprendizaje para los países. “No soy de satanizar las concesiones. En América Latina y en muchas partes del mundo, las primeras concesiones han sido desbalanceadas a favor del concesionario, pero con el tiempo se van mejorando los contratos para generar mayores beneficios al Estado sin dejar de ser negocios viables”, expresó.
El expresidente ejecutivo de JAPDEVA, Greivin Villegas, manifestó una postura crítica respecto al impacto de la concesión en la provincia de Limón. Aseguró que, desde su experiencia como limonense y exjerarca institucional, la concesión ha generado una afectación significativa tanto en el ámbito social como en el funcionamiento de JAPDEVA.
“Me opuse a la forma en que el gobierno manejó este proyecto y rechacé la interpretación que se estaba haciendo del contrato. Considero que no se actuó de manera correcta y es una posición que volvería a asumir”, afirmó ante los diputados.
En materia de seguridad, el director general interino del OIJ, Michael Soto, confirmó ante una consulta legislativa que existen investigaciones relacionadas con narcotráfico en la zona Caribe, las cuales podrían estar vinculadas a rutas hacia Europa.
No obstante, aclaró que, por limitaciones legales, no puede brindar detalles específicos sobre investigaciones que involucren a empleados de la empresa concesionaria, aunque reconoció que en el pasado se han desarrollado procesos de este tipo.
A la sesión también estaban convocados el ministro de Hacienda, Rudolf Luque Bolaños, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón Leiva, quienes no pudieron asistir, por lo que la Comisión Especial acordó convocarlos nuevamente en una próxima comparecencia.
