Diputados aprueban tratado penitenciario con El Salvador
Con el respaldo de 37 de los 57 diputados, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, mediante el cual se ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a personas condenadas cumplir el resto de su pena en su país de origen.
La iniciativa establece el marco legal para que personas privadas de libertad de nacionalidad costarricense o salvadoreña puedan ser trasladadas y concluir su condena en su territorio nacional, siempre que exista sentencia firme, consentimiento expreso del condenado y que resten al menos seis meses de pena por cumplir.
Diputados aprueban tratado penitenciario con El Salvador
Objetivo del tratado: reinserción y cooperación regional
El acuerdo tiene como propósito central facilitar los procesos de reinserción social, al permitir que los reos finalicen su condena en un entorno cultural, social y familiar más cercano. Además, busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto marcado por el hacinamiento y la presión sobre los sistemas penitenciarios de ambos países.

Según lo aprobado por el Plenario Legislativo, el traslado será voluntario y estará sujeto a una evaluación conjunta entre los Estados involucrados. El tratado excluye expresamente a personas condenadas por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo ya había sido ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica superó su trámite legislativo ordinario y fue aprobado definitivamente en febrero de 2026.
Así votaron los diputados el proyecto 24.857
Pese a la ausencia de 15 legisladores durante la votación, el proyecto alcanzó de forma holgada los votos necesarios para su aprobación. El respaldo provino de seis de las siete fracciones representadas en el Congreso, con excepción del Frente Amplio.
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Partido Liberación Nacional: 14 votos a favor, 1 en contra y 3 ausencias.
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Partido Progreso Social Democrático: 8 votos afirmativos y 1 ausencia.
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Partido Unidad Social Cristiana: 6 votos a favor y 2 ausencias.
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Nueva República: 3 votos a favor y 3 ausencias.
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Frente Amplio: 3 votos en contra y 3 ausencias.
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Partido Liberal Progresista: 1 voto a favor y 1 ausencia.
En el caso de los diputados independientes, cinco votaron a favor, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución evidenció un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional penitenciaria, aunque también dejó ver diferencias ideológicas sobre el alcance del acuerdo.
Entidades responsables del cumplimiento
En Costa Rica, la ejecución del tratado estará a cargo de la Ministerio de Justicia y Paz, a través de la Dirección de Adaptación Social. Esta dependencia coordinará los traslados, verificará los requisitos legales y dará seguimiento a las personas trasladadas.
Por parte de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales.
El tratado establece que el traslado podrá ser solicitado por los Estados, los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final corresponderá siempre a las autoridades competentes de ambos países. Asimismo, se contempla el intercambio oportuno de información, la definición conjunta de mecanismos de seguridad y la garantía de que los condenados no serán juzgados nuevamente por el mismo delito.

En situaciones donde la persona privada de libertad padezca una enfermedad crónica o degenerativa, el acuerdo dispone que las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado, respetando en todo momento las condiciones y plazos de la sentencia original.
Con información de Infobae.





