El 71% de la población cree que el país tiene baja preparación ante emergencias
El Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO–UNA) presentó los resultados de la encuesta nacional “Participación ciudadana en la gestión integral del riesgo de desastres en Costa Rica 2025”, un estudio que revela que ocho de cada diez personas consideran que el país está poco o nada preparado para enfrentar emergencias por eventos naturales. El análisis surge en un contexto regional marcado por el aumento de fenómenos atmosféricos y sísmicos que impactan la calidad de vida de la población.
La investigación, realizada entre el 17 y el 25 de septiembre de 2025, incluyó 685 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años con al menos cinco años de residir en el país. La encuesta empleó el método de muestreo Waksberg, utilizando bancos de números celulares activos. El margen de error estimado fue de ±3,7% y el nivel de confianza del 95%, según detalla el informe técnico.
De acuerdo con los datos, el 71,4% de quienes participaron considera que Costa Rica está “poco preparada” para afrontar un desastre natural, mientras que un 9,9% opina que el país está “nada preparado”. Entre las razones mencionadas destacan la “falta de preparación ante eventos naturales” (28,6%), la percepción de que “las instituciones no trabajan bien” (10%) y la existencia de “pocos recursos económicos destinados a gestión del riesgo” (9%).
El 71% de la población considera que el país está poco preparado para emergencias
El estudio también identifica un vacío en el conocimiento sobre gestión integral del riesgo. Cerca del 20,9% la asocia con planificación y preparación, pero un 19,1% reconoce no tener ninguna idea sobre el concepto. Las personas con menor nivel educativo muestran los mayores niveles de desconocimiento, lo que evidencia brechas informativas que podrían limitar la efectividad de campañas preventivas.
En relación con la exposición a amenazas naturales, el 76,4% considera que su comunidad está en riesgo por terremotos, seguidos de huracanes (61,2%) y tornados (56,9%). Otros eventos señalados fueron incendios forestales, inundaciones, cabezas de agua, deslizamientos y, en menor medida, tsunamis y marejadas. Pese a ello, solo el 30% de las personas encuestadas cuenta con un plan de emergencia familiar.
Los datos muestran que la mayoría de la población posee recursos básicos para una emergencia, como focos con batería (73,8%), botiquines (54,4%) y dinero en efectivo (43,4%). Sin embargo, insumos esenciales como maletines de emergencia, croquis de evacuación o radios de baterías están menos presentes en los hogares, lo que podría limitar la capacidad de respuesta ante un incidente. El informe señala que la población está más preparada en artículos cotidianos que en instrumentos de planificación.
En cuanto a la organización comunitaria, el estudio revela que el 51,2% de las personas afirma que en su comunidad no existe un Comité Comunal de Emergencias (CCE), mientras que un 21,8% dice desconocer si existe alguno. De forma paralela, el 47,3% indica que no hay un plan comunitario de emergencia, lo que refleja una desconexión con los mecanismos de respuesta establecidos en la política nacional.
Otro hallazgo relevante es la baja participación ciudadana en actividades preventivas: el 50% no ha participado nunca en simulacros, y un 63,1% no ha recibido capacitaciones sobre riesgos naturales. Además, ocho de cada diez personas no forman parte de ningún comité comunal. Aun así, el 74,7% considera “muy importante” la participación comunitaria en la gestión del riesgo, lo que sugiere un interés social no traducido en acción colectiva.
El informe también analizó la percepción sobre las instituciones encargadas de la gestión del riesgo. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) es identificada por el 98,9% como la entidad responsable en esta materia. No obstante, un 90,3% desconoce la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley 8488), principal marco normativo del país en la materia. Sobre la claridad y accesibilidad de la información institucional, OVSICORI y RSN reciben las mejores calificaciones, mientras que la CNE obtiene los porcentajes más bajos.
Finalmente, el estudio concluye que mejorar la preparación del país requiere fortalecer la educación preventiva, promover la creación y reactivación de Comités Comunales de Emergencia y socializar los planes comunitarios para aumentar la participación local. También recomienda desarrollar campañas educativas permanentes y adaptadas a distintos niveles de escolaridad, así como impulsar talleres y actividades prácticas que refuercen la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del riesgo.
