Denuncian al fiscal general y a presidenta de Sala Tercera
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, fueron denunciados ante la Inspección Judicial por una supuesta beligerancia política relacionada con declaraciones que ambos realizaron públicamente.
Denuncian al fiscal general y a presidenta de Sala Tercera
La denuncia administrativa fue presentada por el abogado y exfiscal de Cibercrimen Esteban Aguilar Vargas, quien solicita abrir una investigación preliminar para determinar si las manifestaciones de los dos altos funcionarios judiciales infringieron las reglas de imparcialidad y participación política aplicables a las personas servidoras judiciales.
El documento no afirma que exista responsabilidad demostrada. Por el contrario, pide abrir una investigación preliminar para establecer si las declaraciones cuestionadas están protegidas por la libertad de expresión o si excedieron los límites impuestos a quienes ejercen cargos en el Poder Judicial.
Declaraciones del fiscal bajo cuestionamiento
En el caso de Carlo Díaz, la denuncia cita entrevistas en las que el fiscal general se refirió a la situación política nacional, al expresidente Rodrigo Chaves, al partido oficialista, a eventuales reformas constitucionales y a la futura conformación de la Asamblea Legislativa.
También incorpora como elemento una declaración atribuida a Díaz durante una entrevista realizada en junio de 2026:
“No quiero que mi hija, mi nieto, tengan que salir huyendo y ser exiliados en otro país y es que estamos a un paso. Para mí la democracia hay que mantenerla”.
El denunciante solicita que las entrevistas y sus archivos originales sean preservados como evidencia digital.
La frase sobre la “economía jaguar”
La denuncia también incluye declaraciones de la magistrada Patricia Solano sobre la situación económica del país.
Según el documento, la presidenta de la Sala Tercera habría manifestado que antes de las elecciones se hablaba de una “economía jaguar”, pero que tres meses después “no llega ni a gatito”.
El abogado considera que esas expresiones también deberían ser examinadas para determinar si pueden interpretarse como un rechazo hacia una corriente o agrupación política.
¿Qué norma cita la denuncia?
El escrito se apoya en el artículo 33 de la Circular N.° 72-2019 de Corte Plena, que establece restricciones para la participación político-electoral de las personas servidoras judiciales.
La norma citada en la denuncia prohíbe, entre otras conductas, externar opiniones o comentarios que puedan interpretarse como una declaración de pertenencia o rechazo hacia una determinada filiación política partidaria.
Sin embargo, será la Inspección Judicial la que deberá determinar, si admite la denuncia y abre la investigación solicitada, si las declaraciones cuestionadas encajan o no dentro de esas prohibiciones.
¿Qué pide el denunciante?
El abogado solicitó admitir la denuncia, abrir una investigación preliminar y preservar las entrevistas, videos, publicaciones periodísticas, archivos audiovisuales y metadatos relacionados con el caso.
También pidió que, de ser necesario, se requiera a medios de comunicación y plataformas digitales la conservación y entrega de los archivos originales.
El objetivo final de la gestión es que la Inspección Judicial determine si existió o no una infracción disciplinaria.
