Comisión de Ingreso y Gasto concluye: póliza para jerarcas era ilegal
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público presentó el informe final sobre la eventual adquisición, por parte del Gobierno, de una póliza para la protección de altos jerarcas.
Diputados determinaron que póliza a jerarcas es ilegal
La comisión concluyó que la iniciativa carecía de sustento técnico y jurídico, que su origen fue político —no institucional— y que el Estado no tiene habilitación legal para financiar seguros personales de jerarcas. Además, recordó que la Contraloría había cerrado cualquier posibilidad de utilizar recursos públicos para ese fin.
El informe también señala fallas graves de transparencia, trazabilidad y control interno, con reuniones sin registro que vulneraron los estándares mínimos de gestión pública. Según los legisladores, el proceso dañó la confianza ciudadana y evidenció debilidades en la utilización de dictámenes consultivos y controles previos.
En sus recomendaciones, insisten en que el ordenamiento jurídico debe dejar explícito que el patrimonio público no puede utilizarse para cubrir riesgos personales de quienes ocupan cargos de decisión, pues la responsabilidad es inherente a la función pública y constituye un principio ético y constitucional.
El diputado oficialista Manuel Morales explicó que la póliza gestionada por el Gobierno no buscaba brindar protección personal a los jerarcas, sino amparar las decisiones administrativas del Estado frente a eventuales demandas. Según dijo, este tipo de seguro no cubría actos dolosos, corrupción ni conductas indebidas, sino únicamente decisiones legítimas que pudieran generar responsabilidades para la Administración.
Ante la gestión del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda pidió a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la legalidad de contratar una póliza de responsabilidad civil a los funcionarios de alto nivel.
La Contraloría determinó que no existía fundamento legal para utilizar recursos públicos con ese fin. Recordó que las pólizas financiadas por el Estado deben proteger exclusivamente los intereses de la Administración Pública y no convertirse en un beneficio personal para los funcionarios que ocupan los cargos.
Por su parte, la diputada del PUSC, Vanessa Castro, cuestionó que la ciudadanía asuma ese costo: “No tienen por qué todos los costarricenses pagar una póliza para evitar un menoscabo personal a un ministro por decisiones que tomó o tomará. Si alguno quiere una póliza, que la pague de su propio peculio”, afirmó durante la discusión.
El informe, aprobado por mayoría, pasará ahora al plenario legislativo para su debate.
