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Diputado del PLN impulsa proyecto legal ante enfermedad terminal

Un nuevo proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa busca abrir el debate nacional sobre el derecho a una muerte digna para personas en condición de enfermedad terminal.

La iniciativa es impulsada por el diputado Danny Vargas del Partido Liberación Nacional junto a otros legisladores, con el objetivo de establecer un marco jurídico que permita a estos pacientes tomar decisiones sobre el final de su vida bajo condiciones reguladas.

El proyecto surge como respuesta a solicitudes de personas que enfrentan enfermedades irreversibles y que atraviesan procesos prolongados de sufrimiento físico y emocional. Según se detalla en la propuesta, se pretende reconocer legalmente la posibilidad de optar por una muerte digna, siempre bajo estrictos controles médicos, éticos y legales.

PLN impulsa proyecto legal ante enfermedad terminal

“La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita, bajo condiciones estrictas y con controles médicos y éticos, que estas personas puedan tomar decisiones sobre el final de su vida con dignidad”, indica el documento presentado ante la corriente legislativa.

Dicho proyecto será firmado por los diputadas y diputados: Montserrat Ruiz, Ariel Robles, Jonathan Acuña, Kattia Cambronero, Priscilla Vindas y Rocío Alfaro.

Entre los principales aspectos del proyecto destaca el reconocimiento del derecho de los pacientes terminales a decidir sobre los tratamientos médicos que reciben. Esto incluye la posibilidad de rechazar o suspender procedimientos que prolonguen de manera artificial su vida, especialmente cuando estos incrementan el sufrimiento sin expectativas de recuperación.

Diputado del PLN impulsa proyecto legal ante enfermedad terminal. Foto con fines ilustrativos.

El planteamiento se fundamenta en la necesidad de armonizar el derecho a la vida con otros principios como la dignidad humana, la libertad individual y la autodeterminación. En este sentido, la propuesta se alinea con tendencias internacionales y toma como referencia experiencias recientes en países como Uruguay, donde ya existen normativas similares.

Además, el proyecto contempla la creación de una Comisión Honoraria de Revisión. Este órgano estaría integrado por representantes del Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes. Su función principal sería supervisar los procedimientos realizados bajo esta normativa y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Otro de los puntos relevantes es que la iniciativa propone que no sean punibles los actos realizados por médicos tratantes cuando, “por motivos de piedad y conforme a lo establecido en la ley”, atiendan las decisiones de pacientes en condición terminal. Este aspecto busca brindar seguridad jurídica tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes y sus familias.

El proyecto también pretende generar un espacio de discusión en el país sobre temas sensibles relacionados con el final de la vida, abordados desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública. En este contexto, se espera que la propuesta incentive un diálogo amplio que incluya a distintos sectores de la sociedad, como especialistas en medicina, bioética, derecho y organizaciones civiles.

De aprobarse, la normativa podría representar un cambio significativo en la forma en que Costa Rica aborda el acompañamiento de pacientes terminales, priorizando el respeto a su voluntad y calidad de vida en sus últimos momentos.

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