Expertos cuestionan propuesta para reforzar la prisión preventiva en delitos graves
Expertos cuestionan proyecto de ley que amplía la prisión preventiva en delitos graves. El expediente legislativo 23.986, que plantea reformar los artículos 239 bis y 244 del Código Procesal Penal para reforzar la aplicación de esta medida cautelar en casos de alto peligro social, provocó un intenso debate en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa busca facilitar el uso de la prisión preventiva como medida cautelar en casos de delincuencia de alto riesgo. Sus impulsores sostienen que la reforma pretende cerrar vacíos legales que, a su criterio, permiten que personas detenidas por delitos graves recuperen la libertad con facilidad, lo que incrementa la reincidencia y la percepción de impunidad.
La jueza Nuria Villalobos y el abogado penalista Gerardo Huertas expresaron su rechazo al expediente, advirtiendo sobre riesgos de abusos y posibles sanciones internacionales.
Huertas afirmó que el proyecto carece de rigor técnico y responde a intereses políticos: “Aquí hay nivel legislativo y nivel mediático y como dijo doña Rosaura, muy con fines electorales. Más tiende a utilizarse con fines populistas, bajo discursos muchas veces carentes de rigor técnico, jurídico y estadístico sobre la supuesta alcahuetería del sistema o las puertas giratorias de delincuentes. La prisión preventiva se usa como figura por excelencia para hablar en este discurso populista, lo cual las estadísticas desmienten por completo.
«Las estadísticas demuestran que abusamos de la prisión preventiva. Coincido en un todo en que esto es un proyecto absolutamente populista, porque no viene a regular nada que no exista ya y lo que sí viene a regular nos produciría condenas internacionales”.
Expertos cuestionan propuesta para reforzar la prisión preventiva en delitos graves
El abogado también subrayó que legislar desde casos aislados no es la vía correcta: “Lo que pasa es que no se puede legislar con base en un caso específico para decir: ‘Con base en este caso, entonces voy a cambiar toda una norma’. Aquí desde un punto de vista técnico y no en el discurso emocional, eso es lo que yo llamo populismo punitivo”.
La diputada Pilar Cisneros cuestionó la posición de los expertos y preguntó directamente a Huertas:
“¿Por qué considera que el expediente es populista? Me interesaría eso de lo que el señor abogado llama populismo. A ver, ¿cómo explican ustedes eso? Que una persona que haya sido condenado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 veces por el mismo delito lo vuelven a soltar para que siga cometiendo el delito. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se puede evitar?”.
Huertas respondió que el ejemplo citado no corresponde a medidas cautelares, sino a la ejecución de la pena: “Aquí el problema es que no se debe mezclar peras con chayotes. Una persona que ya haya sido condenada no estamos hablando de medidas cautelares. El texto sustitutivo busca regular la prisión preventiva; en el ejemplo que usted señala, eso corresponde a instancias de ejecución de la pena”.
Ante esta respuesta, Cisneros aclaró: “Perdón, señor abogado, tal vez lo expliqué mal. No es que lo condenan y lo meten a la cárcel, es que no lo condenan, no lo meten a la cárcel, lo vuelven a soltar, vuelve a delinquir, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a soltar, lo vuelven a agarrar. No hay condena, no hay cárcel”.
La diputada Priscila Vindas sostuvo que la propuesta tiene problemas de fondo: “Me parece que las personas expertas han sido claras en que el proyecto tiene un vicio de constitucionalidad. Estamos desnaturalizando la figura de la prisión preventiva, lo que me parece gravísimo”.
El legislador Gilbert Jiménez apuntó que la discusión responde a situaciones complejas del sistema penal: “Estas personas que lamentablemente se liberan en un momento determinado, por falta de prueba o por otra situación, llegan a cometer nuevamente delitos”.
La diputada Alejandra Larios también mostró reservas sobre el impacto real de la reforma: “A veces hay cosas que suenan muy bonitas. Si a mí me dicen que con esta ley vamos a acabar con la inseguridad del país, la gente que no tiene conocimiento lo va a creer y va a pensar que es bueno. Pero lo que tenemos que pensar es que las leyes son para todas las personas”.
La discusión en torno al expediente 23.986 refleja el choque entre dos visiones: la de quienes impulsan un endurecimiento legal para responder a la inseguridad ciudadana, y la de quienes advierten que la prisión preventiva ya se aplica en exceso en Costa Rica y que una reforma de este tipo podría convertirse en un instrumento punitivo de carácter populista.
La comisión legislativa continuará analizando el proyecto en las próximas sesiones, mientras crece el debate público sobre el equilibrio entre seguridad ciudadana, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
