Alcalde de San José Diego Miranda dice que Concejo municipal intentó sancionarlo
La sesión más reciente del Concejo municipal de San José dejó más preguntas que respuestas y abrió un nuevo capítulo en la creciente tensión política alrededor del alcalde de la Municipalidad de San José Diego Miranda.
La votación para imponerle una suspensión de 15 días sin goce salarial desató un fuerte enfrentamiento. Sin embargo, el acuerdo aún no ha quedado en firme, lo que añade incertidumbre al proceso y mantiene en vilo tanto a la administración municipal como a la ciudadanía.
Concejo de San José intenta sancionar a Diego Miranda
Al salir de la sesión, Miranda fue contundente en su reacción, indicando «Vengo saliendo de la sesión del Consejo Municipal donde intentaron sancionarme los regidores en un acuerdo que no ha quedado en firme y precisamente porque tienen dudas, porque se pudo ver en la sesión del Consejo cómo se evidencia una mala intención de una mayoría del Consejo Municipal para tomar un acuerdo que es ilegal y que no tiene la competencia para tomar.»
Dijo además «que se pudo evidenciar en las intervenciones de algunos regidores como se ha presionado a al legisladores para que voten esta sanción de manera positiva con chantajes, con extorsión y bueno, yo creo que salimos con una gran victoria moral, además porque le demostramos a la comunidad de San José por qué no nos pueden sancionar y cómo vamos a seguir defendiendo a la gente que votó y a la gente que nos pidió que cumpliéramos con la ley y que cumpliéramos con defender la Constitución.” argumentó Miranda.
Sus declaraciones no solo cuestionan la legalidad del acuerdo, sino que elevan el tono del conflicto al denunciar presuntas presiones, chantajes y extorsión dentro del propio órgano municipal.
¿Por qué se intentó sancionar al alcalde?
La raíz del conflicto estaría vinculada a decisiones administrativas relacionadas con una licitación para la compra de 16 vehículos eléctricos para la Municipalidad de San José. Regidores que apoyaron la sanción sostienen que hubo actuaciones que justificaban una medida disciplinaria.
Desde la otra acera, el alcalde sostiene que el Concejo Municipal no tiene competencia para imponer ese tipo de sanción y que el acuerdo sería ilegal. Además, recalca que el hecho de que el acuerdo no haya quedado en firme demuestra que existen dudas jurídicas relevantes.
En términos administrativos, un acuerdo municipal debe quedar en firme tras la aprobación del acta correspondiente en una sesión posterior. Mientras ese trámite no se complete, la sanción no puede ejecutarse formalmente. Este detalle procesal se ha convertido en un punto clave en la narrativa del alcalde.
Denuncias paralelas y presión institucional
El contexto se vuelve aún más complejo por la existencia de señalamientos adicionales. La Procuraduría de la Ética Pública presentó una denuncia ante el Ministerio Público relacionada con el presunto uso indebido de recursos municipales, particularmente abogados de la institución.
Es importante subrayar que una denuncia penal y una sanción administrativa son procesos distintos. La eventual investigación del Ministerio Público seguiría su propio curso, independientemente de lo que ocurra en el ámbito municipal.
Sin embargo, la coincidencia temporal de ambos procesos alimenta la percepción de una crisis política en el gobierno local capitalino.
Miranda insiste en que lo ocurrido constituye una extralimitación de funciones. En su discurso, el alcalde enmarca el conflicto como una defensa de la legalidad y la Constitución, asegurando que continuará defendiendo a quienes lo eligieron.
Por su parte, los regidores que impulsaron la medida sostienen que están ejerciendo su función de fiscalización.
