Y la distribución… ¿Qué?

(Por Albino Vargas Barrantes para El Guardian) – De una manera muy “sospechosa”, estando al rojo vivo la campaña electoral con motivo de los comicios presidenciales y diputadiles del próximo domingo 6 de febrero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), anunció con toda pompa (bombos y platillos incluidos), que el crecimiento de la economía costarricense en el pasado año 2021, fue un 7.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, para incrementar la suspicacia acerca del indicado anuncio en estos momentos cruciales de la vida del país, Alvarado se ufana y pregona que es el más alto crecimiento desde el año 2008; es decir, según el mensaje que nos quiere enviar, es en los dos períodos gubernamentales del Partido Acción Ciudadana (PAC), que la economía tica alcanza tan “notable” éxito.

Más allá de la oportunidad politiquera del anuncio del BCCR en estos días electorales tan intensos, es absolutamente necesario e inevitable que nos pongamos a reflexionar sobre la cuestión de la distribución de los beneficios de un crecimiento de la economía, al 7.6% y, en tiempos de pandemia.

Desde una perspectiva objetiva, sin apasionamientos con respecto a la política electoral de estos momentos, no se puede negar que es de resaltar tal cifra de crecimiento y si, permítanos ser desconfiados, no existe algún manejo “especial” para tal alarde de manejo de la economía por parte del gobierno de Alvarado; siendo él el presidente más impopular y de la menor credibilidad desde que se hacen encuestas que miden el grado de aceptación de la figura presidencial.

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Así las cosas, las organizaciones obreras del mundo sindical laboral que revindicamos los derechos económico-sociales de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado, que cuentan con empleo formal y salario fijo; el dato oficial de un crecimiento de la economía el año pasado de un 7.6%, obliga a replantearnos, de manera profunda, toda la política del reajuste salarial por costo de vida para este 2022 y, a la vez, la cuantía institucional fijada para el salario mínimo.

Si tal crecimiento de la economía es objetivamente real, sin manipulación con fines electorales y/o con la intención de lavarle la cara “sucia” al mandatario, los sindicatos estamos más que legitimados para plantear una revisión extraordinaria del monto establecido para el salario mínimo que ha de estar vigente en todo el presente año 2022, como reajuste por costo de vida; y, acudir ante el Consejo Nacional de Salarios (CSN), a abrir la respectiva discusión.

En octubre del año anterior 2021, el CNS fijó un reajuste por costo de vida a los salarios mínimos del sector privado, en un 2.09. Sin embargo, la inflación final de ese año fue de 3.30. Es decir, la persona trabajadora de este sector tendrá un “déficit” en el salario mínimo de este 2022, de un 1.21%.

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Uno podría colegir, entonces, que es conveniente, necesario y justo que haya un reajuste salarial extraordinario por costo de vida, en esa cifra, 1.21, con base en el dato del BCCR de que hubo el año anterior un crecimiento económico del 7.6%.

En realidad, nuestro énfasis en todo este planteamiento, tiene que ver con la necesaria e imperativa discusión de que, en materia de salarios mínimos, debe imponerse una nueva política y su correspondiente metodología de cálculo; que, por lo menos, relacione y vincule, el crecimiento económico, la reactivación económica del mercado interno a partir del incremento del poder de compra del salario y, para aportar en la reducción de la cruel desigualdad que se ha entronizado en el país; a partir de decisiones de política pública en el nivel macroeconómico-fiscal que tienen totalmente en el cajón de la basura, la cuestión de la distribución sana y justa de los beneficios del crecimiento económico, el cual, es más que notorio que solamente ha servido para impulsar la concentración de riqueza.

En lo inmediato, creemos que, con la correspondiente ayuda profesional especializada, podríamos acudir ante el CNS con una solicitud de revisión del monto fijado como reajuste por costo de vida para este 2022 (ese escuálido 2.09%); al menos, en algunos sectores obreros como el agrícola bananero-piñero, el de los choferes de autobús y el de los servicios de seguridad privada.

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Finalmente, este tema del salario mínimo será muy cuidadosamente abordado por la corriente sindical en la cual militamos, con ocasión de la, prácticamente segura, segunda ronda de las elecciones presidenciales para abril próximo.

Vemos muy necesario emplazar a las dos personas candidatas que pasarán a disputar las votaciones de abril próximo con este asunto del salario mínimo con perspectiva integradora.

Escrito por Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

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Redacción

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