Un año de prisión preventiva pide Fiscalía contra dueños de Constructoras
Meco y H. Solís
La Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva en contra de los dueños de las Constructoras Meco y H Solís por su participación en el caso «Cochinilla».
Se trata de Mélida Solís Vargas, dueña de H. Solís y Carlos Cerdas Araya, Presidente de MECO, los primeros en la lista de audiencias. La prisión preventiva es una medida jurídica de cárcel para evitar de cualquier forma la intervención del imputado, es la medida jurídica más extrema, mientras continúa el proceso de investigación de parte del Ministerio Público.
Erick Gatgens, abogado de Mélida y Sonia Solís, se lo confirmó a La Nación al cierre del jueves, después de dos días de alegatos de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó prisión preventiva contra 13 personas a quienes tiene como señalados de participar en la red de corrupción alrededor de las obras públicas.
Los trece son cuatro funcionarios del CONAVI y un ex Gerente Financiero de la institución, así como otros funcionarios de constructoras en los que destacan el Gerente General de MECO Abel González.
En contra de los restantes 15 personas la Fiscalía solicita medidas alternativas, para los funcionarios de CONAVI suspenderlos del cargo sin goce de salario.
La decisión final de aceptar o rechazar la prisión preventiva e imponer otras medidas será del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública en el Segundo Circuito Judicial en Goicoechea.
Este día continuará la audiencia para abrir el espacio en contra de los imputados para presentar pruebas de descargo.
Todo esto ocurre mientras el Director Ejecutivo del CONAVI Mario Rodríguez Vargas pidió ser trasladado de forma momentánea de su puesto sin renunciar de forma definitiva.
El Presidente Carlos Alvarado pidió, después de varios días de tímidas reacciones, la intervención del CONAVI al Ministro Rodolfo Méndez Mata y al Consejo Administrativo que el encabeza en la entidad. No hay aún respuesta.
El caso «Cochinilla» conmocionó al país por las profundas relaciones entre corruptores y corruptos para beneficiarse por sumas que llegaron a los 78 mil millones de colones, casi Cuatro veces más que el escándalo conocido como «La Trocha» donde también hay funcionarios del CONAVI involucrados.
La propia Fiscal General solicitó inhibirse del caso debido a que su ex esposo Francisco José Campos Aguilar es el abogado de MECO por lo cual hay un claro conflicto de intereses, de quién está separado legalmente desde el 2011 pero actualmente viven juntos.
Emilia Navas Aparicio rechazó renunciar a su cargo a pesar de que ha tenido que inhibirse de ocho causas donde tiene algún posible conflicto de intereses.
