Tributos verdes: La verdad del impuesto a los combustibles
(Por *Marjorie Hartley Ballestero M.Sc. para El Guardián) – Uno de los impuestos más cuestionados por los diversos sectores económicos y sociales en el país es el Impuesto Único a los Combustibles, sin embargo, es el principal instrumento fiscal utilizado en Costa Rica con fines ambientales.
Sus ingresos se complementan con los del Canon de Vertidos y el Canon de Aprovechamiento del agua y algunos timbres.
La verdad del impuesto a los combustibles
La ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 8114, en su artículo 5 sobre los destinos específicos, establece que un 3,5% de lo recaudado por el impuesto se destine al programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
Este órgano utiliza estos fondos para compensar a los propietarios de bosques y plantaciones forestales, a cambio de conservarlos para que sigan ofreciendo servicios ecosistémicos como la fijación del carbono, protección de recurso hídrico, belleza escénica entre otros.
Un 0,1% del impuesto, se destina al pago de beneficios ambientales agropecuarios, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para la promoción de los sistemas de producción agropecuaria orgánica.
Otro instrumento económico verde que forma parte de la política ambiental del país es el Canon de Aprovechamiento de Agua (CAA). Del total recaudado un 25% se destina a complementar el financiamiento del PSA del FONAFIFO y otro 25% es para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para diversas actividades y proyectos de conservación.
Por su parte el Canon de Vertidos al Agua (CVA) pretende desincentivar el uso irracional e ineficiente del agua en los procesos productivos a través del pago por la contaminación de aguas.
De los ingresos recaudados el 60% se utiliza para financiar proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales domésticas. Un 15% en la promoción de la producción más limpia como: actividades de capacitación, divulgación e investigación con el fin de estimular la producción y tecnologías que permitan aprovechar más eficientemente el agua y disminuya la contaminación de descargas contaminantes.
Un 10% financiará actividades para la identificación de fuentes generadoras de afluentes, muestras de vertidos, análisis de laboratorio, estudios técnicos del agua entre otros. Adicionalmente un 10% se destina al financiamiento de los gastos de la administración del canon. El restante 5% se asigna para la realización de actividades de educación ambiental dirigidos a los usuarios del agua.
Otros instrumentos vigentes son los timbres que corresponden a un tipo de impuesto específico para recaudar ingresos fiscales. Entre los principales se encuentran el Timbre Forestal, Timbre de Vida Silvestre y el Timbre Pro Parques Nacionales. Cada uno contempla el uso de los recursos a partir de su nombre.
Para el año 2019 el total de ingresos recaudados con estos instrumentos económicos fiscales fue de aproximadamente 28,400 millones de colones. El Impuesto Único a los combustibles (3,6% de lo recaudado) representa el 70% de estos ingresos, seguido del Canon de Aguas y el timbre Pro Parques Nacionales, demostrando la importancia que tiene este impuesto para la conservación.
Las transferencias al FONAFIFO con recursos provenientes de estos nstrumentos, representan aproximadamente 92% de los ingresos del PSA, pero son insuficientes para cubrir la demanda de solicitudes por hectáreas y número de árboles para ingresar al programa. Para el 2019 se recibieron solicitudes para incluir en el PSA 94 372 hectáreas, sin embargo, se presupuestaron solo 48 834 hectáreas por falta de recursos.
En el 2020 se incrementaron las solicitudes en un 16% pero los ingresos generados por el impuesto bajaron aproximadamente un 40% por efecto del confinamiento por la pandemia del covid.19, lo que obligó a presupuestar solo 42 410. De manera que aun con el Impuesto Único a los Combustibles, el PSA requiere de fuentes de financiamiento complementarias para hacer frente a la demanda de propietarios de bosques que desean mantenerlos en conservación.
Con este objetivo se han planteado otros mecanismos como los bonos verdes y los bonos sostenibles, pero todavía este mecanismo no se ha consolidado al igual que el mercado de carbono.
De manera que la coyuntura económica y social que atraviesa el país presenta una disyuntiva entre la necesidad de seguir la trayectoria de una disciplina fiscal, donde el Impuesto Único a los Combustibles tiene un papel relevante aportando aproximadamente el 11% de los ingresos tributarios, y la necesidad de crear las condiciones adecuadas para la recuperación económica del país en la pospandemia, que incluye además realizar esfuerzos para minimizar la escalada inflacionaria como efecto de la crisis de contendores y del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
En este ambiente complejo, el impuesto a los combustibles es además relevante en la democratización del principio de “Quien contamina Paga”, es decir, las personas y sectores que utilizan combustibles fósiles contribuyen con la contaminación del aire por las emisiones de Gases con Efecto Invernadero y el pago del impuesto es el mecanismo a través del cual se compensa por los costos externos que genera el consumo de combustibles fósiles y la consecuente pérdida de bienestar para la sociedad.
De manera que la eliminación o reducción del impuesto puede afectar no solo la recaudación de ingresos, sino además el financiamiento de las actividades en favor del ambiente. La discusión actual sobre el monto del impuesto a los combustibles debe incluir opciones para reponer y en el mejor de los casos incrementar los recursos que genera para financiar las actividades de conservación y lucha contra el cambio climático.
*Escrito por Marjorie Hartley Ballestero M.Sc. Economista Escuela de Economía, UNA
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