Tobilleras electrónicas a licitación internacional

La comisión a cargo de preparar los documentos para la licitación del servicio de monitoreo de tobilleras electrónicas presentó, este jueves a la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, el borrador para aprobación del compendio de todos los documentos que serán utilizados para el lanzamiento de la licitación pública internacional.

La jerarca informó que la idea es lanzar la convocatoria a la mayor brevedad, una vez que hayan incorporado sus observaciones finales.

 “Se ha completado la fase de preparación de los documentos licitatorios varias semanas antes de lo programado. Ahora estamos revisando el detalle para asegurar que el proceso cuente con toda la información de la mejor calidad para los potenciales oferentes”.

El contrato con el actual prestatario del servicio, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) vence el próximo 27 de febrero, por lo que la cartera ministerial solicitó a la Contraloría General de la República (CGR), en diciembre pasado, una autorización para  extender el  plazo del contrato vigente con el fin de cubrir el tiempo que tome el desarrollo de la licitación y la transición con el nuevo proveedor seleccionado.

La extensión solicitada al contrato sería “hasta por 24 meses o hasta que se haya realizado la efectiva instalación o migración a la plataforma resultante de la finalización del proceso licitatorio para la selección de un nuevo proveedor de la solución integral de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal (lo que ocurra primero)”. Esta solicitud está amparada al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa que rige el contrato.

Para la elaboración del borrador del nuevo cartel, la comisión tomó en cuenta el estudio de mercado elaborado por la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivo Electrónico (UME), así como el informe de lecciones aprendidas durante el cambio de tecnología que se inició en mayo 2020, justamente por la similitud de los procesos que se estarían enfrentando en la migración con el nuevo cambio de proveedor resultante del proceso licitatorio.

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Unido a esto, se consideró el informe de la auditoría que el propio ente contralor realizó a la UME durante el segundo semestre de 2020.

El Ministerio de Justicia y Paz está a la espera de que la CGR se pronuncie sobre la solicitud de autorización para hacer una extensión del contrato vigente (de acuerdo con el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) mientras se concluye el proceso de licitación para el nuevo contrato.

Esta ampliación permitirá que las 1.800 personas sujetas a este mecanismo, puedan seguir siendo monitoreadas durante este período, garantizando así el cumplimiento de la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (Ley 9271) y la seguridad de la ciudadanía costarricense, sin desestabilizar el servicio que se está brindando actualmente.

En la actualidad, cada persona monitoreada representa un coste de  $12,5 por día, cifra muy inferior al de las personas que permanecen en centro penitenciarios cerrados (nivel institucional): $40 diarios.

 A manera de ejemplo, 2.000 personas en monitoreo electrónico le costarían al país, al año, $9.000.000  (al precio actual del servicio). Esa misma cantidad de personas en el nivel institucional representaría un gasto anual de $28.800.000.  Fuente prensa Ministerio de Justicia.

Redacción

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