Sindicato del Poder Judicial rechaza proyecto 24.786 por considerarlo inconstitucional
El Sindicato del Poder Judicial manifestó su oposición al expediente legislativo 24.786, iniciativa del Poder Ejecutivo que busca imponer un tope a las pensiones del sector público, incluyendo las del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y otros regímenes con cargo al presupuesto nacional.
Durante su comparecencia ante la Comisión Ordinaria de Asuntos Sociales, Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general del sindicato, expresó su preocupación por el impacto que tendría el proyecto sobre la independencia judicial y los derechos adquiridos de los funcionarios.
“Venimos a plantear porque consideramos que no es un proyecto adecuado para nuestra institución. Primeramente, porque lo consideramos inconstitucional, es desproporcionado y también atenta contra los principios básicos y fundamentales de lo que da independencia al Poder Judicial: los derechos laborales que las personas de buena fe han adquirido y, por supuesto, aspectos sociales del Estado social de derecho”, señaló Cartín.
El diputado Leslie Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana, consultó sobre la compatibilidad entre los distintos regímenes de pensiones y preguntó sobre los porcentajes de cotización patronal en el Poder Judicial. En respuesta, Cartín aseguró que las comparaciones no son válidas entre los distintos sistemas: “No es comparable porque las cargas que se dan en cotización tanto del patrono como del trabajador son distintas”, dijo.
Sindicato del Poder Judicial rechaza proyecto 24.786 por considerarlo inconstitucional
Cartín detalló que en el régimen del Poder Judicial, los trabajadores aportan un 13%, el patrono un 14,36% y el Estado un 1,57%. Indicó además que estos porcentajes obedecen al principio de proporcionalidad constitucional entre los aportes de trabajadores y patronos.
Por su parte, la diputada Katia Rivera, de Liberación Nacional, consultó sobre la sostenibilidad del fondo de pensiones y si el sindicato contaba con estudios propios al respecto.
Cartín respondió citando el último estudio actuarial del fondo del Poder Judicial y cuestionó la metodología utilizada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
“El Poder Judicial, erróneamente por una reglamentación de la SUPEN, lo miden obligadamente con un sistema cerrado, lo cual es incorrecto. Porque un sistema cerrado indica que cada vez que una persona se jubila o fallece, esa plaza se cierra, lo cual no es cierto. Cuando alguien se jubila o renuncia, una persona nueva entra a sustituir. La plaza no muere. Por lo tanto, es un sistema de evaluación actuarial abierto, y es ahí donde tenemos que medir la solvencia de nuestro fondo actuarial”, explicó.
El expediente 24.786 propone alinear las pensiones del sector público con el tope establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
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