Sigue el “bochinche” en Guatemala
El pueblo se lanza a las calles a solicitar la renuncia del Presidente luego de conocerse un presunto caso de corrupción por parte del Ex Director General de Caminos.
Según explicaron fuentes confidenciales de Guatemala al Guardian.cr las irregularidades fueron varias.
Todo comenzó cuando el ex jerarca Fredy Chocolán, dijo que el equivalente a casi dos millones de dólares ya no le aparecían en la cuenta (ese dinero le pertenecía a la cartera que administraba).
Chocolán llegó a asegurar que alguien le había falsificado su firma cuando estuvo enfermo de COVID. La denuncia se convirtió en uno de los detonantes por los cuales los manifestantes decidieron lanzarse a las calles a manifestarse.
Posteriormente, al iniciar las investigaciones, las autoridades indicaron que el dinero se había trasladado a otro rubro; pero que seguían siendo parte del Ministerio de Comunicaciones, el órgano que administra la Dirección de Caminos en Guatemala.
Éste hecho en específico, no lograron aclararlo totalmente con el pueblo, no les resultó creíble porque el Ministerio no logró demostrar con documentos fehacientes de que realmente fue así.
Beneficios a familiares
Según documentos oficiales que llegaron a manos del Guardián, en los meses de julio y agosto de éste año Chocolán se dedicó a favorecer a empresas de sus familiares en procesos de contratación.
Una de las empresas que gozó del apoyo del ex funcionario fue la Constructora JJRM, cual es propiedad de dos de sus primos identificados con los apellidos Romero Chocolán.
Pero el “apoyo a los emprendimientos familiares” del entonces funcionario no quedaron ahí, también le dio ayudó a su prima Erica Tahuite Chocolán ya que tiene una compañía relacionada con temas de construcción.
La solicitud de renuncia
Cabe destacar que el Presidente Giammattei, aún no cumple el año de mandato y ya los guatemaltecos con euforia solicitan su renuncia.
Por otra parte, las molestia de los chapines se debe al tema del presupuesto aprobado por el Congreso y la disminución en temas como salud y nutrición donde un 32% de dicho presupuesto se financiaría con deuda.
