Sector Pesquero denuncia penalmente al Presidente de la República y Ministro de Agricultura
La Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Cámara de Pescadores de Quepos y la Cámara Nacional de la Industria Palangrera presentaron una denuncia penal contra el Presidente de la República, Carlos Alvarado, el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, la Jefa del Despacho del MAG, Ana María Conejo y el ex Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug por un posible delito de prevaricato.
En la denuncia penal, presentada el jueves pasado, el sector pesquero solicita al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y procesar a estos jerarcas por el delito en que habrían incurrido en marzo de 2019 al publicar un decreto ejecutivo sin fundamento jurídico ni técnico para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún por parte de las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera.
Este Decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva del INCOPESCA, siendo esta instancia el ente rector en materia de pesca. Adicionalmente, durante la vigencia de la nueva metodología, es decir, todo el año 2019, el INCOPESCA no generó absolutamente ningún ingreso por este concepto, puesto que no logró vender ninguna licencia, en un claro perjuicio para la estabilidad financiera de la Institución.
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En la denuncia penal se demanda al Presidente de la República y al Ministro de Agricultura porque fueron ellos quienes firmaron el decreto que no contaba con sustento técnico ni legal.
Adicionalmente se incluye en la denuncia al ex Presidente Ejecutivo del Incopesca, Moisés Mug, quien dirigía la institución en ese momento y no consultó la metodología a la Junta Directiva del Instituto como era su deber y la asesora del MAG, Ana María Conejo, quién en esta administración fue la coordinadora de la Comisión Técnica que acordó el cambio en la metodología de venta de licencias para captura de atún con cerco.
“Lo peor de esta situación es que tras haber anunciado con bombos y platillos esta medida en marzo del 2019, un año después, el 4 de febrero del 2020 el MAG publicó un nuevo decreto donde derogaba la metodología de subastas. En el mismo decreto se indica que los estudios técnicos fueron realizados de forma posterior a la implementación de la medida, y que estos revelaron que la misma no era viable. Esto nos confirma que la medida de vender licencias mediante el método de la subasta no contaba ni con una viabilidad técnica ni legal. Esto nos
parece una improvisión total con costos financieros para el Estado”, explicó Mauricio González, vocero del Sector Pesquero Nacional.
En el 2018, año previo a la modificación de la metodología, el INCOPESCA entregó a flotas internacionales 12 licencias de pesca. Cuatro fueron pagadas y ocho regaladas, pero esto generó ingresos por más de 153 mil dólares, los mismos que la institución dejó de percibir en 2019 por no haber logrado vender ni una sola licencia en subasta pública.
En la demanda presentada ante el Ministerio Público los representantes del sector pesquero argumentan que “la funcionaria Ana María Conejo, en apariencia recomendó la implementación de la medida sin que se supiera si el modelo resultaría o no viable (por no contar con la viabilidad técnica y legal), mientras que el señor Moisés Mug, en tanto Presidente del INCOPESCA, anunció la medida como un gran logro para la institucionalidad (a pesar de haber omitido la consulta a su Junta Directiva del INCOPESCA) y el sector pesquero, aludiendo a los beneficios económicos que traería, enunciados que resultan incomprensibles ante la carencia del fundamento técnico de la medida”.
El Código Penal en su artículo 357 establece sanciones de prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que declare resoluciones contratarías a la ley o las funde en hechos falsos; y este es justamente el argumento que se plantea como fundamento jurídico
a la denuncia penal formulada por los pescadores.
Sobre estos mismos hechos, a finales de mayo la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo en el que la Cámara de la Industria Palangrera reclamaba que el Ministerio de Agricultura había hecho caso omiso a sus solicitudes de información sobre este tema.
“La promulgación del Decreto, sin contar con los estudios técnicos de viabilidad, también puede clasificarse como un abuso de autoridad pues el funcionario público abusó de su cargo afectando directamente al INCOPESCA, quien vio disminuidos sustancialmente sus ingresos durante el año 2019, debido a la adopción de una medida arbitraria y sin contar con el fundamento debido”, agregó González. Fuente: Prensa sector pesquero.
