Secretario del PLN presenta acción contra adhesión de Costa Rica a coalición militar
La reciente firma del ministro de Seguridad Pública de Costa Rica Mario Zamora en una declaración hemisférica impulsada por Estados Unidos, que promueve la idea de “paz a través de la fuerza”, ha generado debate en el ámbito político y jurídico del país. La declaración, según distintos sectores, plantea interrogantes sobre su compatibilidad con los principios constitucionales y la tradición diplomática costarricense basada en el pacifismo, el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos.
El pronunciamiento más reciente provino del secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, quien señaló que la decisión merece un análisis profundo desde el punto de vista constitucional, jurídico y diplomático.
Guillén afirmó que la firma de este tipo de documentos no debe considerarse un simple acto protocolario, ya que implica una postura estratégica en materia de seguridad internacional.
“No se trata de un acto meramente protocolario: cuando un Estado suscribe una declaración de esta naturaleza está, implícitamente, adhiriendo a una determinada concepción de seguridad internacional y de orden hemisférico”, expresó.
Secretario del PLN presenta acción contra adhesión de Costa Rica a coalición militar
Debate constitucional sobre la seguridad nacional
Uno de los principales puntos de discusión gira en torno al marco constitucional costarricense. Según Guillén, la adopción de narrativas estratégicas asociadas a la fuerza militar podría generar tensiones con principios fundamentales del ordenamiento jurídico del país.
El artículo 12 de la Constitución Política abolió el ejército como institución permanente y estableció un modelo de seguridad basado en el poder civil y la institucionalidad democrática. Esta decisión histórica, adoptada tras la guerra civil de 1948, marcó el inicio de una tradición política orientada a resolver conflictos sin recurrir a estructuras militares permanentes.
De acuerdo con Guillén, ese principio constituye uno de los pilares de la identidad política de Costa Rica.
“Aquella decisión histórica de 1948 no fue un gesto simbólico, sino el punto de partida de un modelo de Estado que deliberadamente se apartó de las lógicas geopolíticas basadas en la fuerza”, indicó.
El debate surge porque la declaración hemisférica que fue firmada promueve una visión de seguridad internacional en la que la paz se logra mediante el fortalecimiento de la fuerza estratégica, lo cual algunos analistas consideran que podría contrastar con la tradición pacifista costarricense.
Tradición diplomática y derecho internacional
Otro aspecto señalado en el análisis tiene que ver con el artículo 7 de la Constitución Política, que establece que los tratados públicos y los principios del derecho internacional forman parte del ordenamiento interno.
Históricamente, Costa Rica ha construido su política exterior sobre principios como el multilateralismo, el desarme, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias.
Estos elementos han sido parte central de su posicionamiento diplomático en el hemisferio y en organismos internacionales durante varias décadas.
Guillén sostiene que adoptar una narrativa estratégica vinculada a la doctrina de “paz a través de la fuerza”, además asociada a conceptos históricos como la doctrina Monroe, podría generar una tensión con esa tradición diplomática.
“La adopción de una narrativa estratégica como la de ‘paz a través de la fuerza’, vinculada además a una doctrina histórica de proyección hemisférica como la doctrina Monroe, introduce una tensión evidente con esa tradición constitucional y diplomática”, señaló.
Seguridad regional y combate al crimen
El secretario general del PLN también reconoció que el combate al narcotráfico y al crimen transnacional es una responsabilidad legítima del Estado costarricense, especialmente en un contexto regional donde estas amenazas se han intensificado.
Sin embargo, indicó que enfrentar estos desafíos no necesariamente implica adherirse a doctrinas estratégicas basadas en el poder militar.
“Combatir el narcotráfico y el crimen transnacional es una obligación legítima del Estado costarricense; sin embargo, hacerlo no exige ni justifica que Costa Rica se adscriba a doctrinas de seguridad que descansan en una lógica de poder militar que nuestro propio orden constitucional decidió abandonar”, manifestó.
El tema adquiere relevancia en un momento en que varios países del hemisferio están revisando sus estrategias de seguridad ante el crecimiento de redes criminales transnacionales, el tráfico de drogas y otras amenazas regionales.
Un debate sobre el rumbo de la política de seguridad
Para Guillén, la discusión que surge a partir de esta firma no se limita al ámbito diplomático, sino que abre una reflexión más amplia sobre el rumbo de la política de seguridad de Costa Rica.
Según su criterio, el país debe analizar si está comenzando a desplazarse, incluso a nivel discursivo, hacia una concepción de seguridad distinta a la que ha caracterizado a la Segunda República.
“Más que un acto diplomático, esta firma plantea la necesidad de preguntarnos si el país está comenzando a desplazarse —aunque sea de manera discursiva— hacia una concepción de seguridad que podría entrar en colisión eventual con los principios constitucionales que han definido la identidad civilista, jurídica y pacifista de Costa Rica”, concluyó.
El debate refleja una discusión más amplia sobre cómo Costa Rica puede enfrentar los retos de seguridad actuales sin perder los principios que han marcado su política exterior y su modelo de Estado durante más de siete décadas.
