Sala Constitucional condena a Hacienda por omisión de transferencia del FEES
La reciente resolución de la Sala Constitucional sobre el financiamiento de la educación superior reabre el debate sobre la ejecución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y su impacto directo en la población estudiantil.
El fallo, emitido el 7 de abril de 2026, declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por la no transferencia de recursos aprobados para el año 2025.
Sala Constitucional condena a Hacienda por omisión de transferencia del FEES
El caso se centra en la omisión de girar ₡11.521 millones correspondientes al aumento del 2% del FEES, previamente aprobado por ley. Según el tribunal, esta acción “vulneró el derecho a la educación”, al afectar el financiamiento de las universidades públicas y su capacidad operativa. La decisión surge tras la gestión presentada por rectores universitarios y representación estudiantil.
De acuerdo con el análisis constitucional, el Ministerio de Hacienda no podía desconocer una disposición legal vigente. La Sala recordó que el financiamiento de la educación superior pública está respaldado por la Constitución Política, la cual también protege la autonomía universitaria en su gestión administrativa y financiera.
El beneficio directo de esta resolución se traduce en una mayor protección del derecho a la educación para miles de estudiantes. La disponibilidad de estos recursos incide en becas, infraestructura, investigación y servicios académicos, elementos clave para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior pública.
No obstante, la Sala aclaró que, debido al principio de anualidad presupuestaria, no es posible ordenar el giro retroactivo de los fondos correspondientes al periodo 2025. En su lugar, se emitió una advertencia a las autoridades para evitar futuras omisiones en la ejecución de recursos aprobados por ley.
El fallo también establece responsabilidades claras para las autoridades del Ministerio de Hacienda, quienes deberán garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en adelante. Además, se advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento de órdenes derivadas de recursos de amparo.
Este pronunciamiento tiene implicaciones relevantes en la relación entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas, al reafirmar el carácter vinculante del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. También refuerza el papel del recurso de amparo como mecanismo para la defensa de derechos fundamentales.
En términos generales, la resolución fortalece la seguridad jurídica en materia presupuestaria y educativa, al establecer límites claros a la discrecionalidad administrativa. Para la ciudadanía, especialmente estudiantes y personal universitario, representa una garantía adicional en la protección del derecho a la educación superior pública en el país.
