Robo del siglo BN: Oficial de Seguridad sin medidas cautelares
Los demás imputados están a la espera de audiencia para medida cautelares
El oficial de seguridad de apellidos Bolaños Zúñiga, quedó en libertad y sin ninguna medida cautelar, también quedó sin medidas cautelares la directora jurídica del Banco Nacional, de apellidos Herrera Cantillo esto por el caso de investigación por el robo al Banco Nacional de ¢3200 millones.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que en horas de la noche del miércoles 8 de noviembre concluyó la toma de declaración indagatoria de las nueve personas imputadas (ocho detenidas el miércoles y una citada para esa diligencia).
Robo del siglo BN: Oficial de Seguridad sin medidas cautelares
Tras la valoración particular de cada persona, la Fiscalía determinó la necesidad de solicitar medidas cautelares contra siete.
| Personas detenidas | |
| Apellidos de la persona imputada | Puesto desempeñado |
| Olivas Valle | Tesorero Procesamiento de Efectivo |
| Madrigal Faerron | Jefe de Tesorería |
| Blanco Oviedo | Supervisor de Procesamiento de Efectivo |
| Ugalde Morales | Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo |
| Hernández Saborío | Contador |
| Cerdas Méndez (mujer) (No fue detenida si no citada a declarar) | Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo |
| Ramírez Sandí | Supervisor de Procesamiento de Efectivo |
| Bolaños Zúñiga | Oficial de Seguridad |
El resto de personas imputadas se encuentra a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de la audiencia de medidas cautelares.
Antecedentes del Robo del Siglo
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación de la causa 23-000369-1218-PE inició de oficio el 24 de octubre anterior, luego de conocerse noticias en la prensa, respecto a la desaparición del dinero.
Horas después, fiscales especializados en materia de corrupción realizaron entrevistas a testigos e inspecciones oculares en la Administración del Numerario, oficina de la entidad bancaria donde se encuentra el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE). Ese despacho es el encargado de procesar y tramitar el dinero en efectivo que ingresa al banco.
Según confirmó el fiscal general, Carlo Díaz, esta mañana en conferencia de prensa, las pesquisas lograron establecer que, entre el 17 de agosto y el 26 de setiembre del 2023, se registraron 10 eventos en los que algunas personas sacaban de ese sitio sobres de manila con supuestos fajos de dinero, aprovechando puntos ciegos de las cámaras de vigilancia.
El jerarca fue enfático en señalar que fue evidente cómo no funcionaron los controles del banco y lamentó que las autoridades de la empresa pública no denunciaran los hechos de manera inmediata, el 3 de octubre, cuando se conoció el faltante de los millones de colones. Precisamente, ese hallazgo se conoce cuando la Dirección de control y cumplimiento normativo realizó un arqueo sorpresivo en el CIPE.
A criterio del jefe del Ministerio Público, en cualquier caso presuntamente delictivo, cuanto más se tarde en alertar a las autoridades judiciales, más difícil será recuperar evidencia que permita a la institución establecer la existencia de un ilícito.
La Fiscalía y el OIJ realizaron indagaciones que permitieron seguir el rastro al dinero, como la aparente compra de grandes cantidades de billetes de lotería, con la cual ganaron premios, supuestamente con esas actividades se pretendía dar apariencia de lícito al dinero sustraído. También han investigado algunos incrementos patrimoniales de algunos de los imputados, que no son congruentes con sus perfiles financieros. Prensa Ministerio Público.
Procuraduría de la Ética se pronuncia
La Procuraduría de la Ética Pública, se apersonó al proceso penal número 23-369-1218-PE, relacionado con la sustracción de ₡ 3.200 millones de las bóvedas del Banco Nacional, conocido como «Gallo tapado».
Al estar vinculados funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en aparente violación al deber de probidad, colaboraremos con el Ministerio Público en procura de sentar la responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil por el daño social que se haya generado con ocasión de estos hechos.
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