Recurso de Amparo contra decisión del Presidente Chaves de suspender Directivos de la CCSS

15 representantes de organizaciones sindicales del sector público y privado agrupados en la Unidad de la Acción Sindical (UAS) presentaron un recurso de amparo contra el Presidente Rodrigo Chaves Robles por considerar que la decisión de suspender a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) viola el estado social de derecho y transgrede el orden constitucional.

Recurso de Amparo contra decisión del Presidente Chaves de suspender Directivos de la CCSS

La acción fue presentada, el pasado martes, ante la Sala Constitucional e indica que la Constitución Política le otorga a la CCSS autonomía de administración y gobierno y señala que en el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la institución la define como entidad de derecho público, autónoma del estado, en lo administrativo, funcional, económico y financiero, con personería jurídica y patrimonio propio.

El documento de 21 páginas es suscrito por Lenin Hernández Navas, Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería, (SINAE AFINES), Omar Rodríguez Acevedo y Jonathan Blanco Lizano de la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica, (UNEBANCO), Xiomara Gamboa Fuentes del Sindicato de Empleados del Banco Nacional (SEBANA).

También firmaron el recurso Hazel Hernández Coronado y Manuel Rodriguez Acevedo del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA) Yamileth Alfaro Mora, Sandra Ríos Abarca, Gilda Aburto Arrieta y Sonia Arrieta Mora del Sindicato Nacional de Periodistas, (SNP), Xiomara Rojas Sánchez del Sindicato de Trabajadores Independientes y Estatales Costarricense,(SITECO).

La acción la suscribe también Ivannia Briceño Hernández del Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares (SITRACOME), Lucía Granados Picado del Sindicado de Empleados del Banco Central de Costa Rica, (SINEBCCR), Augusto César Watson Vasell y Carlos Solano Martínez del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Limón, (SITRAMUPL).

Decisión política causa inestabilidad

Para la abogada Xiomara Rojas Sánchez de SITECO la suspensión de los cinco directivos de la CCSS causa inestabilidad administrativa a la institución y la deja acéfala.

Agrega que la medida es una a transgresión a los artículos 1,9,11,39,73,147,148,149,188,189, de la Constitución política y al artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. “Al no sesionar la CCSS no podrá adoptar los acuerdos necesarios para mantener su gestión al frente de la salud del país significa que la institución autónoma se encuentra paralizada por un accionar del poder ejecutivo que coloca en riesgo decisiones relacionadas con el portafolio de inversión en infraestructura, equipamiento, implementación de tecnología y fortalecimiento de recursos humanos a favor de la salud de todas y todos los costarricenses”, destacó Rojas Sánchez, representante de SITECO.

Según Rojas Sánchez es la primera, y única vez, en la historia desde la creación de la CSS qué el Poder Ejecutivo separa de sus cargos a cinco miembros de la Junta Directiva, todo dentro un escenario de presión política para adoptar los acuerdos decididos por el Consejo de gobierno y el Presidente de la República.

Por su parte el Secretario General de SINAE AFINES, Lenin Hernández Navas considera que el Presidente de la República actúa de manera arbitraria y con su intromisión política está violando la autonomía constitucional que tiene la CCSS.

“Nosotros no estamos defendiendo a ningún directivo en particular; si hay algún grado de irregularidad que se haga la investigación y el debido proceso en apego a la legalidad, pero no, estas arbitrariedades del señor Presidente que hace suponer que es una saca de clavo político. Lo que nos preocupa es la buena marcha de la institución porque estamos hablando del pilar de la seguridad social y el seguro de pensiones porque en, estos momentos, no va haber sesiones de Junta Directiva porque no puede no hay quórum estructural”, subrayó Lenin Hernández Navas de SINAE AFINES.

Jonathan Blanco de UNEBANCO indicó que apoyan el recurso porque son defensores a ultranza del estado social de derecho, e indicó, que será importante que los Magistrados valoren la afectación que pueden tener las instituciones públicas por intromisiones políticas que buscan un control que por ley no les compete.

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