Recope refuerza capacitación policial contra robo de combustible
En un esfuerzo interinstitucional para enfrentar el robo de combustible en Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) continúa fortaleciendo la capacitación de cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con el objetivo de mejorar la detección y atención de este delito que impacta tanto la economía nacional como la seguridad de las comunidades.
La más reciente jornada de formación se realizó el viernes 27 de febrero en el Salón Príncipe de Asturias del MSP. Durante la sesión, representantes de distintos cuerpos policiales analizaron las principales técnicas y modalidades utilizadas en el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, así como los métodos empleados para el transporte ilegal de combustibles.
Recope refuerza capacitación policial contra robo de combustible
El propósito central de estas capacitaciones es dotar a las autoridades de herramientas operativas y jurídicas que les permitan identificar, documentar y atender estos casos con mayor solidez. La iniciativa forma parte de una estrategia articulada entre la Dirección de Operaciones de Seguridad y la Asesoría Jurídica de Recope, en coordinación con la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Aplicación de la Ley 9852 en campo
Uno de los ejes principales de la jornada fue el estudio detallado de la Ley 9852, denominada Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, así como su reglamento. El énfasis estuvo en la correcta aplicación de la normativa en operativos de campo, con el fin de fortalecer los procesos judiciales y reducir la impunidad.
La presidenta de Recope, Karla Montero, subrayó la importancia de la formación continua como parte de la estrategia nacional contra este delito.
“La lucha contra el robo de combustible no solo requiere tecnología y controles internos, sino también una Fuerza Pública capacitada, informada y articulada con las autoridades competentes”, afirmó Montero.
Según la jerarca, la coordinación entre instituciones es clave para proteger la infraestructura energética del país, considerada estratégica para el desarrollo económico y social.
Evidencia y riesgos del delito
Como parte de la actividad, los oficiales visitaron el denominado “museo” de Recope, donde pudieron observar implementos decomisados en distintos operativos. Entre los objetos exhibidos se encontraban mangueras, válvulas y dispositivos utilizados para perforar el poliducto.
Estos elementos permiten dimensionar el riesgo asociado a estas prácticas ilegales, que no solo generan pérdidas económicas al Estado, sino que también representan amenazas para el ambiente y la seguridad de comunidades cercanas a la infraestructura energética.
El robo de combustible puede provocar derrames, explosiones y daños ambientales de alto impacto, además de poner en peligro la integridad de las personas que habitan en zonas aledañas.
Resultados con impacto en la ciudadanía
Los esfuerzos sostenidos en prevención, control y articulación interinstitucional han comenzado a reflejar resultados concretos. De acuerdo con datos suministrados por Recope, en 2025 se intervinieron 59 tomas ilegales, lo que representa una reducción del 60% en comparación con 2024.
Asimismo, el volumen de combustible sustraído pasó de 4,5 millones de litros a 2,6 millones, lo que equivale a una disminución del 41%. En términos económicos, el impacto también mostró una reducción significativa: las pérdidas bajaron de ₡2.197 millones a ₡1.234 millones, es decir, un 44% menos.
Estas cifras evidencian una disminución medible del delito y, según la institución, contribuyen directamente al resguardo de la seguridad energética nacional y a la protección de los recursos públicos.
Para la ciudadanía, la reducción del robo de combustible implica un menor riesgo de incidentes asociados a perforaciones ilegales, así como una mejor protección de fondos estatales que pueden destinarse a otras áreas prioritarias.
Recope indicó que continuará asesorando y acompañando de forma permanente a los cuerpos policiales en la prevención y atención de casos vinculados al robo de hidrocarburos. La estrategia contempla no solo el fortalecimiento de capacidades, sino también la coordinación con otras entidades públicas involucradas en la regulación y control del sector energético.
El combate a este delito forma parte de una agenda más amplia orientada a garantizar la seguridad energética del país, un aspecto clave para la estabilidad económica y el funcionamiento de sectores productivos, transporte y servicios esenciales.
Con estas acciones, la institución busca cerrar espacios al crimen organizado y reforzar la protección de la infraestructura crítica, en un contexto donde la prevención y la formación especializada se perfilan como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y energía en Costa Rica.
