Privados de libertad no podrán tener ni usar dinero en efectivo
Medida rige desde el miércoles 26 de marzo
Los privados de libertad no podrán tener ni usar dinero en efectivo, tras una orden de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, a través de la circular DGAS 01-03-25, que rige desde este miércoles.
Privados de libertad no podrán tener ni usar dinero en efectivo
La medida busca evitar la compra-venta de drogas, las extorsiones entre la población carcelaria y los negocios ilícitos y se suma a los mecanismos de control carcelario que esta administración impone para mantener el orden y la seguridad. También, busca garantizar una gestión financiera legal y transparente.
El sistema promoverá un control de pagos que ofrezca trazabilidad. Actualmente, se están llevando a cabo reuniones con entidades bancarias estatales con el fin de establecer la gestión y proceso para que las personas privadas de libertad puedan tener acceso a una cuenta bancaria, y a lo interno de la institución se está elaborando los instrumentos normativos correspondientes.
Dentro de la circular, se establece el decomiso del dinero en efectivo que porten las personas privadas de libertad, por cuanto, la portación y circulación de este queda totalmente prohibido, los privados tendrán cinco días hábiles para entregar a sus familiares o su persona de confianza el dinero que ya porten.
Escáner en La Reforma
Gracias a que se rescató una donación del 2016, de la Embajada Americana por 113 millones de colones en efectivo, se pudo instalar en el centro penitenciario Jorge Arturo Montero, un Bodyscanner, que inició operaciones el sábado 22 de marzo, dando ya como resultado cuatro privados de libertad positivos con droga y teléfonos.
Proyecto de ley para seguir ordenando la casa
En seguimiento a medidas administrativas contundentes e inmediatas, como el cierre de pulperías y la eliminación del dinero en efectivo dentro de las cárceles, el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que analizó todos los temas relacionados con el manejo de los privados de libertad y no solo aspectos judiciales sino también desde ver con qué recursos se resuelve lo que tanto hace falta para que las cárceles sean las que el país necesita.
La propuesta de Gobierno defiende que los criterios técnicos del Instituto Nacional de Criminología (INC) al momento de autorizar un cambio de medidas debe tomarse muy en serio lo que evitaría que sujetos que se sabe que son un peligro para la sociedad queden fuera de las prisiones y vuelvan a cometer delitos o lastimar a alguien.
El proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional es inflexible con otorgar cambios en las medidas impuestas a personas que delinquen con el crimen organizado, narcotráfico y homicidios, femicidios y delitos sexuales, tiene “mano dura” y entiende que hay distintos perfiles de población privada de libertad que puede ser todos sujetos de beneficios si son un riesgo para la seguridad.
El proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional pone a la Dirección General de Adaptación Social como la única encargada de organizar y administrar las cárceles, evitando la doble administración desde diferentes Poderes de la República; mientras que el expediente 24.019 permite al Juzgado de Ejecución de la Pena la intromisión en asuntos administrativos que nadie maneja mejor que quienes trabajan ahí todos los días y conocen las realidades que se enfrentan.
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