Presidente de la Caja evitó destruir debido proceso en comparecencia ante Diputados

Insistían en contar aspectos que afectaban el Proceso

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Este jueves el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, en su exposición ante los diputados que integran la Comisión de Gasto Público,  reafirmó que la Junta Directiva de la institución como Órgano Decisor tiene el absoluto interés en esclarecer los hechos y tomar las medidas que a derecho correspondan para que, si se comprueban las supuestas irregularidades denunciadas, no haya impunidad.

“Somos vigilantes para que, de probarse las responsabilidades sobre las presuntas anomalías, los funcionarios involucrados respondan conforme a las cargas que correspondan”, dijo Macaya.

Macaya explicó las prohibiciones que lo alcanzan como uno más de los nueve miembros de la Junta Directiva constituida en Órgano Decisor por lo cual, en resguardo de información sensible para proteger la integridad de los procedimientos de investigación para que no se generan nulidades, no dio respuestas a temas específicos.

En su intervención mencionó esfuerzos y logros de la Caja en esta pandemia que permitió que “ningún médico ha tenido que tomar la desgarradora decisión de priorizar a cuál paciente atender en una cama de cuidados críticos sobre otros pacientes.”

De igual manera Macaya reconoció “que no todo ha salido como quisiéramos. La logística mundial respecto a la adquisición de ventiladores mecánicos, pruebas de diagnóstico y equipo de protección personal (EPP) colapsó en los primeros meses de la pandemia.  Bajo esa realidad había que operar. Sin embargo, he expresado claramente que el caos en la logística mundial de estos productos no es una licencia para posibles irregularidades”.

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El jerarca detalló que la Junta Directiva una vez que conoció el informe de la Auditoría Interna, el 13 de agosto de 2020, accionó todos los mecanismos para investigar la verdad real de los hechos, para lo cual en la misma sesión, instruyeron a la Gerencia General para que de forma célere actuara conforme a derecho en la toma de decisiones en aras de establecer los procedimientos y eventuales responsabilidades, así como acelerar la implementación del SICOP en la institución con el afán de dar mayor transparencia a los procesos de contratación administrativa.

El SICOP estará implementado en el primer semestre de este año, lo que requiere la capacitación de más de 3.500 funcionarios que apoyan las 162 unidades de compra.

Macaya expresó que el ingreso al SICOP tendrá impacto “en los miles de compras que hace la institución cada año.  Como ejemplo, en el año 2020 se realizaron 6.451 procesos de compra y se hicieron 5837 adjudicaciones, para un monto total aproximado de compra de 224.000 millones de colones.”

Durante la comparecencia los diputados insistieron en la petición al jerarca de no limitarse a las prohibiciones que como parte del Órgano Decisor le alcanza, a lo cual el Presidente Ejecutivo respondió que entiende su inquietud y malestar, pero reiteró en su deber  legal de resguardo de la integridad y celeridad de los procesos y que igual comparte el mismo interés de que los procedimientos avancen con celeridad y se determine la verdad real de los hechos y que se apliquen las medidas que a derecho correspondan.

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Redacción

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