Políticos y Magistrados

Opinión Albino Vargas

(Por Albino Vargas Barrantes para El Guardian) –  Una de las señales más contundentes y claras de que la Democracia costarricense está enferma, es el proceso-sistema por medio del cual se eligen, en el seno de la Asamblea Legislativa, a las personas que deben ocupar los altísimos puestos del Poder Judicial, es decir, las magistraturas de las cuatro salas que componen su estructura política-mayor.

Si bien es cierto, tal proceso-sistema tiene base en los contenidos en la materia de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, misma que todavía rige la vida republicana del país; la realidad es que, a 73 años de su entrada en vigencia, se ha pervertido la elección de las magistraturas del Poder Judicial costarricense, inyectándole a ese proceso-sistema el veneno de la contaminación politiquera que exige lealtades partidarias, antes que cualquier cosa.

Este contubernio entre aspirantes a magistraturas con los partidos políticos del neoliberalismo (Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, básicamente), se ha vuelto más descarado y perverso desde que el Estado Social de Derecho empezó a ser sometido a la dictadura de la hegemonía económica del todo mercado-nada Estado.

Podríamos decir que tan indecente contubernio empezó, “oficialmente”, en el año 2003 (hace ya casi 20 años), con ocasión de la sentencia constitucional que permitió la reelección presidencial. Esta fue una jugada maestra en las alturas del poder que facilitó la segunda presidencia de Óscar Arias Sánchez (2006-2010).

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Con este señor, los grupos económicos de la más selecta élite política del país dieron un paso trascendental, abriéndole brecha al paso del modelo neoliberal contrario al Estado Social de Derecho; y, a la vez, convirtiendo en una mercancía política el nombramiento de personas en las magistraturas del país, especialmente la de orden constitucional.

Una y otra vez, el trueque político vulgar entre lealtad partidaria y elección para una magistratura judicial, se ha venido repitiendo, volviéndose más escandaloso ese contubernio, pero cada vez más evidente. Quien obtenga tan alto puesto, pone todo su accionar pensando en una reelección, procurando quedarle bien al pensamiento económico que le llevó al escaño judicial más alto.

Nuevamente, parece que estamos de cara a un nuevo trueque político que profundiza la creciente desconfianza de la gente en su sistema judicial.

Dos importantes gremios judiciales, la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), y el Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), dan la voz de alerta ante la posibilidad de que ese poder político imponga, otra vez, un peón suyo en la máxima sala judicial, la Cuarta.

Ambas entidades, con pleno conocimiento de la dinámica judicial y de los riesgos y amenazas que van carcomiendo la confianza de la gente en el Poder Judicial, han denunciado que el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, operador político por excelencia de la tríada partidista neoliberal (PLN- PUSC-PAC), estaría gestionando la designación de la señora Ingrid Hess Herrera a magistrada propietaria de la Sala Constitucional.

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Las gestiones políticas de este legislador a favor de la indicada señora, estarían siendo compartidas por un abogado, gran operador jurídico de la traída del PLN-PUSC-PAC, señor Rubén Hernández Valle, a quien se le asigna un papel ideológico fundamental en la concepción-redacción del ornitorrinco jurídico denominado Ley Marco de Empleo Público.

Dice el sindicato ANEJUD, en publicación periodística reciente, que el Presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo Víquez, parece un jerarca de Gobierno; o, más bien, del Presidente de la República próximo a irse del cargo. Para la organización SINDIJUD, se está dando una gran presión para que se le dé el puesto en Sala IV a la señora Hess Estrada.

Gran cruzada ciudadana es la que se necesita para que el Poder Judicial responda a la Constitución y no que ésta vaya perdiendo su señorío y su majestad a medida en que la van transformando sin cambiarla. Esto es parte de la gran tarea cívica de nuestro tiempo Las personas diputadas constituyentes de 1949, jamás pensaron en que sus ideales de la verdadera independencia judicial terminaran en una letrina.

Escrito por Albina Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

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Redacción

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