Poder Judicial insiste ante Hacienda giro de recursos para reforzar la seguridad y enfrentar la delincuencia
El Poder Judicial reiteró su solicitud al Ministerio de Hacienda para que se autorice el giro de recursos ya aprobados por la Asamblea Legislativa, destinados a fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante la contratación de personal para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Poder Judicial insiste ante Hacienda giro de recursos para reforzar la seguridad ciudadana
La decisión fue adoptada por la Corte Plena, que acordó solicitar una nueva reunión con autoridades de Hacienda, ante la preocupación por la no ejecución de fondos esenciales para la seguridad ciudadana, pese a estar incluidos en el Presupuesto Ordinario 2026 del Poder Judicial.
Los recursos ascienden a ₡8.688 millones y permitirían financiar 176 plazas en el OIJ y 99 plazas en el Ministerio Público, correspondientes a fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo, considerados clave para enfrentar la creciente complejidad de la criminalidad en el país.
A pesar de haber sido analizados y avalados por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda mantiene estos fondos fuera de la programación financiera, lo que limita la capacidad institucional para responder de manera oportuna a los retos en materia de seguridad.
En un oficio remitido el pasado 13 de enero al jerarca de Hacienda, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, advirtió sobre el impacto de esta decisión.
“La decisión adoptada genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, que afectan gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía”, señaló.
El documento también recoge la advertencia del Fiscal General de la República, quien alertó que la falta de talento humano dificulta el cumplimiento de los plazos procesales establecidos en la legislación penal, aumentando el riesgo de prescripciones, atrasos en audiencias y eventuales responsabilidades para el Estado.
Desde el OIJ, el director general en ejercicio, Michel Soto Rojas, explicó que las plazas aprobadas estaban destinadas al fortalecimiento de sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como al refuerzo de la custodia de personas detenidas en todo el territorio nacional.
Soto Rojas subrayó que estas zonas presentan dinámicas criminales complejas, con presencia de estructuras organizadas, movilidad transnacional y control de rutas, lo que exige una respuesta institucional permanente y especializada.
No obstante, el Ministerio de Hacienda reiteró su negativa mediante un oficio del 19 de enero, firmado por el ministro Rudolf Lücke, en el que se indicó que los recursos no serían incorporados a la programación financiera del primer trimestre de 2026, debido a que provienen de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública.
Ante este escenario, la Corte Plena enfatizó la urgencia de liberar los fondos, recordando que el Poder Judicial ha impulsado acciones para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y combatir la delincuencia, mediante operativos diarios del OIJ y la labor del Ministerio Público en causas complejas.
El Poder Judicial insistió en que la seguridad de la población no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya cuentan con respaldo legislativo, y subrayó la necesidad de coherencia institucional y respeto a las decisiones adoptadas por los Poderes del Estado.
