PLN lleva a Sala IV acuerdo de seguridad firmado por ministro en EE. UU.
El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional para cuestionar la vinculación de Costa Rica a una declaración hemisférica de seguridad firmada por el ministro de Seguridad Pública durante una reunión internacional en Estados Unidos. El documento promueve la idea de “paz a través de la fuerza” y plantea la conformación de una coalición regional contra el narcotráfico.
Según Guillén, la firma del documento genera dudas jurídicas y constitucionales, debido a que podría implicar la adhesión del país a esquemas de cooperación con connotaciones militares sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
“Interpongo esta acción de inconstitucionalidad porque el Poder Ejecutivo ha vinculado a Costa Rica a una declaración de seguridad y a una coalición hemisférica anunciada por el gobierno de los Estados Unidos con implicaciones de carácter militar, sin autorización de la Asamblea Legislativa”, señaló el dirigente político en el recurso presentado.
El planteamiento del secretario general del PLN se centra en el posible conflicto entre la declaración firmada y los principios constitucionales que han definido históricamente el modelo de seguridad costarricense.
Guillén argumenta que el artículo 12 de la Constitución Política abolió el ejército como institución permanente y estableció un enfoque de seguridad basado en el poder civil, la institucionalidad democrática y el respeto al derecho.
“Combatir el narcotráfico y el crimen transnacional es una obligación legítima del Estado costarricense; sin embargo, hacerlo no exige ni justifica que Costa Rica se adscriba a doctrinas de seguridad que descansan en una lógica de poder militar que nuestro propio orden constitucional decidió abandonar”, afirmó.
Además, el dirigente mencionó que el artículo 7 de la Constitución integra al ordenamiento jurídico nacional los tratados públicos y los principios del derecho internacional, lo que refuerza la tradición diplomática del país basada en el multilateralismo y la solución pacífica de conflictos.
Implicaciones políticas y jurídicas
La acción presentada ante la Sala Constitucional busca determinar si la participación de Costa Rica en este tipo de iniciativas internacionales podría contravenir los principios pacifistas y civilistas que han caracterizado la política exterior del país desde la Segunda República.
Guillén sostuvo que el documento firmado por el ministro de Seguridad sí existe y está disponible públicamente, por lo que considera necesario que se aclare su alcance.
“Ese documento existe, está publicado y tiene implicaciones políticas y jurídicas que no pueden minimizarse. Precisamente por eso presenté una acción de inconstitucionalidad”, indicó.
El dirigente agregó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío real para la región, pero insistió en que cualquier cooperación internacional debe respetar el marco constitucional costarricense.
“La lucha contra el crimen organizado es necesaria, pero no puede justificar que el país sea incorporado, por decisión unilateral del Ejecutivo, a esquemas de cooperación militar incompatibles con nuestro orden constitucional”, expresó.
Solicitud de claridad al Ejecutivo
El pronunciamiento también surge luego de declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien afirmó que no firmó el documento en cuestión. Ante ello, Guillén aclaró que su señalamiento no se refiere a la firma del mandatario, sino a la participación del ministro de Seguridad en la suscripción de la declaración.
“Nunca he afirmado que él firmara ese documento. Lo que he señalado, con base en hechos verificables, es que el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica sí suscribió una declaración internacional en Estados Unidos”, manifestó.
En ese contexto, el secretario general del PLN pidió al Gobierno aclarar cuál fue el alcance de la participación de Costa Rica en la cumbre y si el país forma parte de la coalición hemisférica planteada en el documento.
“Si el Presidente asegura que él no firmó nada, entonces surge una pregunta elemental que merece una respuesta clara ante el país: ¿qué fue exactamente a hacer Costa Rica a esa cumbre y cuál es el verdadero alcance de nuestra participación en esa coalición?”, cuestionó.
El caso ahora queda en manos de la Sala Constitucional, que deberá analizar si la actuación del Ejecutivo se ajusta o no al marco jurídico y constitucional del país. Mientras tanto, el debate público gira en torno a cómo Costa Rica puede enfrentar amenazas como el narcotráfico sin comprometer su histórica tradición pacifista y su modelo de seguridad basado en instituciones civiles.
