¿Para qué Ministro de la Presidencia cuándo el poder real es otro?

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Pese al ridículo de Casa Presidencial intentando desmentirlo lo que ya era un secreto a voces, el propio Alvarado Quesada anunció, poquito después de ese “desmentido”, la salida de su gobierno de don Marcelo Prieto Jiménez, como Ministro de la Presidencia; salida que más bien tiene carácter de destitución que de renuncia.

Todavía no comprendemos qué razones llevaron a este costarricense a “matricularse” con el presidente más impopular y de menos credibilidad, desde que se hacen encuestas que miden la aceptación del gobernante por parte de la ciudadanía.

La verdad es que don Marcelo tenía, ¡sí!, tenía cierta credibilidad en el seno de la golpeada y excluida comunidad socialdemócrata que todavía sigue creyendo que el PLN es de esa ideología política.

Don Marcelo quedará manchado por ser parte del gobierno más neoliberal de los tiempos de la Segunda República; y, en los momentos en los cuales, siendo el Ministro de la Presidencia, se le voló garrote al pueblo que manifestó oposición a que se entregue al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Le habrá dado a don Marcelo algún “remordimiento de conciencia”, como para negociar su salida en modo renuncia? ¿Se podrá don Marcelo “políticamente exorcizar” si relata los entretelones de palacio que están estrangulando el Estado Social de Derecho que su partido, alguna vez, propició y tuteló?

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Pese a lo anteriormente apuntado, queremos centrarnos en que hemos llegado al convencimiento de que no se ocupa, en los actuales momentos políticos que vive el país, de un Ministro de la Presidencia.

Como la corriente ideológica dominante en el seno de la política pública es anti-Estado por los cuatro costados, bien haría el presente Gobierno en no nombrar a nadie en ese cargo, economizando lo que tiene que ver con el pago de planilla y otros gastos administrativos que genera tal posición. Aunque ya se anunció a la persona que sucederá a don Marcelo, nuestro planteamiento sigue teniendo una lógica política sólida por las siguientes dos razones.

Veamos la primera. Fue la ahora exministra de Estado, doña Patricia Mora Castellanos, quien denunció la excesiva intervención en los asuntos de gobierno de intereses corporativos a espaldas del pueblo costarricense.

Muchos pensamos que se trata de los del grupo mega-empresarial que se nuclea en torno al señor André Garnier Kruze, a quien se le asigna un poder político supra-presidencial, dejando a Alvarado Quesada como presidente formal. Aunque de seguro, debe haber otros sectores económicamente poderosos que golpean el escritorio presidencial reclamando su tajada.

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En tal estado de situación, una persona como ministro de la Presidencia, es un adorno, un “artículo político de segunda” en la mesa del poder. Otro costarricense, también ministro de Estado que ya no lo es, por supuesto, nos lo confirmó: el real poder en Zapote hace innecesario el rol de este tipo de puesto político. A lo sumo, el Ministro de la Presidencia se convierte en un “notificador político” con jugoso salario.

Segunda razón: Ese tipo de poder corporativo y mega-empresarial, con otros de similar naturaleza, logran doblegar la voluntad de diputados y de diputadas de la actual Asamblea Legislativa; así reconocido por el legislador oficialista Luis Ramón Carranza Cascante.

En el parlamento costarricense, otrora conocido como “primer poder de la República”, las grandes líneas de legislación son proyectos de ley que impulsan derogar la búsqueda del bien común para fortalecer la máxima satisfacción corporativa del afán de lucro con la cosa pública; líneas que se determinan en otros espacios que no son el legislativo.  En este caso de cosas, quien ocupe el Ministerio de la Presidencia no juega rol alguno. Se le notifica qué es lo que va y punto. La orden de legislar llega de afuera del parlamento.

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Finalmente, si el supra-poder presidencial está en otro lado y no en el de la persona constitucionalmente electa, bien haría ésta, en este caso Alvarado Quesada; que él, por motivos de economía política procesal y ahorro fiscal, asuma como “recargo” el Ministerio de la Presidencia.

Escrito por Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

Redacción

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