Orden Judicial ordena callar al Ministerio de Justicia

Una orden judicial impide al Ministerio de Justicia referirse a temas penitenciarios, así lo reveló un escueto comunicado de prensa y un video de la propia Ministra de Justicia, Fiorella Salazar.

Textualmente el comunicado de justicia dice: «Les informo que en cumplimiento de una orden judicial que nos impide referirnos a temas penitenciarios, a partir de este momento no nos será posible atender consultas al respecto. Otros temas seguirán el flujo normal de información. Les agradezco la comprensión».

 

La Corte Plena  y hasta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han denunciado públicamente el incumplimiento constante de resoluciones judiciales para hacer cumplir a la instancia del Poder Ejecutivo con la búsqueda de una solución definitiva al hacinamiento en cárceles del OIJ debido a la falta de espacios en el sistema Penitenciario Nacional.

Este mismo jueves El Guardián publicó un sendo comunicado del OIJ donde reitera su abierta disconformidad.

El Guardián y otros medios exigieron al Poder Judicial cumplir con el derecho a la información, derecho humano de primer nivel, para revelar el nombre del funcionario judicial que ordenó censura previa de un tema de relevancia nacional.

Juzgado de Ejecución de la Pena de San José realizó visita al CAI San José

Precisamente el miércoles 29 de setiembre, con la participación de personeros del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, la Defensa Pública, la Fiscalía de Ejecución de la Pena, la Dirección de Adaptación Social (DGAS) y de la Policía Penitenciaria, tuvo lugar la visita al CAI San José para verificar las mejoras a las que fue sometido el centro, en atención de la orden de cierre que pesa sobre él desde 2016.

Como parte de un plan remedial, el Ministerio de Justicia y Paz ha invertido allí, desde 2017, ¢1.038 millones en mejoras a la infraestructura, que incluyen mejoramiento de las acometidas eléctricas, remodelación del área de cocina y los dormitorios, entre otras.

Asimismo, en julio de este año se cumplió con el mandato de enviar a la población sentenciada que allí permanecía (el CAI San José está previsto para población

indiciada) a otros centros, lo que dejó más de 300 espacios con posibilidades de ser utilizados. Ahora corresponde esperar a que las autoridades judiciales se pronuncien.

Desde el 9 julio de 2021, la DGAS entregó al Juzgado de Ejecución de la Pena de San José el informe del cumplimiento de las medidas a las que fue sometido el CAI josefino.

“La idea (de la visita del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José) era que las autoridades judiciales pudieran ver, de primera mano, el cumplimiento de las medidas que surgieron en el 2016 mediante una orden correctiva que se le aplicó al centro. Desde 2017 se comenzó a atender la orden, por parte del Ministerio de Justicia y Paz, tanto en infraestructura como en otros temas funcionales. En julio se cumplió la última medida que estaba pendiente, que era la de mover las personas sentenciadas a otros centros”, detalló la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.

La representante del Ejecutivo dijo confiar en que una vez constatadas las condiciones del centro, la orden de cierre sea levantada para poder recibir a las personas que se encuentran en celdas judiciales.