Nueva ley de paradas de buses, tren y taxis busca que sean seguras, accesibles y modernas
Aprobado en Segundo debate
La aprobación en segundo debate del expediente N.º 23.162 marca un cambio estructural en la forma en que se conciben las paradas de transporte público en Costa Rica. La iniciativa, impulsada por el diputado Francisco Nicolás Alvarado del Partido Liberación Nacional, fue respaldada de manera unánime en la Asamblea Legislativa de la República.
La nueva normativa establece que las paradas de autobús, tren y taxi serán consideradas un servicio público, lo que obliga al Estado a garantizar su adecuada instalación, mantenimiento y operación. Este cambio busca impactar directamente en la calidad de vida de miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.
Nueva ley de paradas de buses,tren y taxis busca que sean seguras, accesibles y modernas
Uno de los principales beneficios para la población es la mejora en las condiciones de espera. La ley prioriza la seguridad, comodidad y accesibilidad, incluyendo la obligatoriedad de cumplir con estándares de accesibilidad universal conforme a la legislación vigente. Esto representa un avance significativo para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.
Además, la normativa introduce un enfoque moderno al transformar estos espacios en centros de interconexión. Entre las mejoras previstas destacan la incorporación de información en tiempo real sobre rutas y horarios, así como la posibilidad de contar con internet gratuito mediante alianzas público-privadas.
En términos de financiamiento, el proyecto contempla una inversión sostenida durante los próximos cinco años. Según el comunicado oficial , se destinarán recursos tanto para rutas cantonales como nacionales, con aportes anuales que buscan garantizar la ejecución efectiva de las obras. Instituciones como el Consejo de Seguridad Vial tendrán un rol clave en la asignación de fondos.
Asimismo, los gobiernos locales podrán utilizar hasta el 50% de su superávit en la mejora de estas infraestructuras, lo que abre la puerta a intervenciones más rápidas y adaptadas a las necesidades de cada comunidad.
La ley también establece un modelo de gestión que permite la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de las paradas, a cambio de la explotación de espacios publicitarios. Estas estructuras deberán cumplir con estándares técnicos definidos para asegurar su calidad y durabilidad.
En cuanto a la distribución de responsabilidades, entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y las municipalidades tendrán funciones específicas en la planificación y mantenimiento del sistema.
La supervisión estará a cargo de la Contraloría General de la República, que evaluará anualmente el cumplimiento de los planes y el uso de los recursos públicos.
El diputado proponente señaló: “Hoy marcamos un antes y un después para miles de trabajadores, estudiantes y adultos mayores… No es un lujo, es un derecho del usuario que paga su pasaje y merece un servicio de calidad desde el momento en que espera su unidad”.
Con esta ley, el país avanza hacia un sistema de transporte más digno, accesible y alineado con las necesidades actuales de la población.
