MECO, y H. Solís investigadas por Colusión

Así como a otras compañías

Las empresas Constructoras MECO y H. Solís encabezan la lista de empresas que serán investigadas por Colusión alrededor de obras públicas.

Así lo determinó la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), la cual ordenó el inicio de una investigación preliminar que involucra a varios agentes económicos del sector de la construcción, con el fin de determinar si efectivamente se presentaron conductas anticompetitivas sancionables conforme a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Sin embargo, la Comisión para la Competencia no tiene los suficientes recursos porque los Diputados aprobaron su fortalecimiento sin fuente de financiamiento, pues el Ministerio de Hacienda no ha girado recursos para fortalecer la entidad.

El Guardián y los medios de comunicación de todo el país informamos sobre supuestos acuerdos entre empresas constructoras para repartirse diversas licitaciones públicas, así como respecto a los supuestos hallazgos de la investigación realizada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial en el caso conocido como “Cochinilla”.

Los acuerdos entre las empresas para repartirse las contrataciones públicas, también llamadas licitaciones colusorias, tienen como fin obtener mayores ganancias y manipular los procesos de compra pública (concursos), perjudicando con ello al Estado que termina pagando precios más altos que en una situación en la cual las empresas sí compitieran, y a la ciudadanía que igualmente termina pagando sobreprecios en bienes y servicios. Este tipo de conductas son consideradas tan graves, que en países como Estados Unidos, México, España, Colombia y Chile se sancionan con cárcel. En Costa Rica la multa puede ser de hasta el 10% de los ingresos de las empresas infractoras y pueden también ser inhabilitadas para participar en contrataciones públicas hasta por 10 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley N°9736.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) ha señalado que los países miembros de dicha organización gastan aproximadamente el 12% de su PIB en adquisiciones públicas. Este porcentaje puede ser mayor en los países en desarrollo. En este sentido, la eliminación de la manipulación de licitaciones podría ayudar a reducir los precios de adquisición en un 20% o más.

Guillermo Rojas Guzmán, Presidente de la COPROCOM indicó que: “Para la COPROCOM, desde sus inicios, la investigación y sanción de licitaciones colusorias ha sido una prioridad; sin embargo, tratándose de conductas que se llevan a cabo en la clandestinidad, detectarlas requiere recursos suficientes. Aun con esas limitaciones la COPROCOM ha emitido guías para que las entidades del Estado contribuyan a prevenirlas y detectarlas, actualmente tenemos prevista dentro de nuestra hoja de ruta la actualización de la “Guía y Manual para Detectar Licitaciones Colusorias”, además se han brindado múltiples capacitaciones a los mayores compradores del Estado, incluido el Consejo Nacional de Vialidad (“CONAVI”), sobre los enormes perjuicios que ocasionan este tipo de prácticas, y ha sancionado varios acuerdos colusorios en licitaciones públicas, que involucran a más de una docena de empresas, entre las que destacan las siguientes: 

  1. Empresas de telecomunicaciones proveedores del Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”) por un acuerdo para no ofertar a menos que se variaran las condiciones del cartel de contratación.
  2. Empresas comercializadoras de productos de papel (papel higiénico, papel toalla), por un acuerdo de precios para las licitaciones públicas.
  3. Empresas oferentes para la administración del redondel de Zapote, por un acuerdo para no competir y pagar exclusivamente la base de la subasta pública

Lo cual hemos venido informando a la prensa y manifestando en diferentes foros a los que hemos asistido como expositores”.

Debido a que estos acuerdos sancionables se llevan a cabo en la clandestinidad, en el año 2012 se reformó la Ley N°7472 para darle a la COPROCOM mayores facultades de investigación para llevar a cabo allanamientos que permitieran obtener las pruebas necesarias de la ejecución de tales conductas, las cuales fueron contempladas también en la Ley N°9736; sin embargo, a la fecha no se le han otorgado a la autoridad nacional de competencia los recursos financieros para la compra de equipo técnico y la contratación de personal necesario para utilizar esta importante herramienta.

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Si bien en el artículo 17 de la Ley N°9736, los diputados dispusieron que se le otorgara a la COPROCOM los recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente sus funciones, luego de más de 19 meses de vigencia y de numerosas solicitudes realizadas, los recursos no han sido otorgados por parte del Ministerio de Hacienda.

“El costo de no evitar, detectar, perseguir y sancionar las licitaciones colusorias es sumamente elevado para el país, es por ello que para la actual Comisión para Promover la Competencia la investigación de las licitaciones colusorias y el contar con los recursos necesarios para atender eficientemente esta labor, es una de sus prioridades, la cual se encuentra establecida en el Plan Estratégico de la COPROCOM”, puntualizó el señor Guillermo Rojas Guzmán, Presidente de la COPROCOM.

Con información fuente de Prensa de COPROCOM.

Richard Molina Mesen

Periodista y Productor Audiovisual, con más de 25 años de experiencia. Director de Elguardian.cr

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