Marta Esquivel y 4 miembros de Junta Directiva suspendidos 6 meses

El Juzgado Penal de Hacienda ordenó la suspensión del cargo por el plazo de seis meses para  cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS, entre ellas Marta Esquivel Rodríguez.

Se trata de María Isabel Camareno, representante del Estado, Johnny Alfredo Gómez Pana,  representante de los patronos, Zeirith Rojas Cerna, representante de los patronos y vicepresidente de la Junta Directiva, Marta Eugenia Esquivel, Presidenta Ejecutiva de la CCSS y María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, gerente general interina de la CCSS.

Marta Esquivel y 4 miembros de Junta Directiva suspendidos 6 meses

Así como las medidas de no tener ningún tipo de contacto, perturbar o molestar a ningún testigo de la causa, ni influir de ninguna manera con la licitación cuestionada.

Respecto a los imputados de apellidos Quirós, Araya y Porras no se les impuso ningún tipo de medida. La causa se sigue bajo el expediente 24-000267-1218-PE.

El pasado 23 de setiembre la Fiscalía Anticorrupción realizó 28 allanamientos, ante la denuncia de contratos con un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones de colones para la administración de 138 Ebais, por parte de cinco cooperativas.

En la investigación de la Fiscalía presumen que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.

Las autoridades judiciales presumen que los miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También indagan sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.

Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

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El 24 de setiembre, el Fiscal a cargo de la audiencia ordenó la libertad de los 8 altos jerarcas y quedaron a la espera de las medidas hoy impuestas.   Este caso es conocido como Barrenador.

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